Siete comunidades autónomas preparan leyes para regular las parejas de hecho

A falta de una ley nacional, comunidades autónomas, ayuntamientos y algunas empresas reconocen, dentro de sus competencias, derechos a las parejas de hecho. Así, dependiendo de dónde vivan o dónde trabajen, los componentes de estas uniones tienen derechos diferentes. Tres comunidades ya han elaborado leyes al respecto, y otras siete las han anunciado. Con ley o sin ella, 10 comunidades y más de 200 poblaciones han abierto registros de parejas, según datos de Miquel Ángel Fernández, de la organización homosexual Lambda, de Valencia. También numerosos convenios colectivos de organismos oficiales y grandes empresas equiparan las uniones con los matrimonios para conceder traslados o permisos.

Arrendamientos urbanos

Las siete comunidades que han anunciado que están preparando leyes de parejas son Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana. Esta última es la primera gobernada por el PP que se prepara para equiparar, en la medida de sus posibilidades, matrimonios y parejas de hecho. Mientras tanto, en el Congreso la tramitación de una propuesta no avanza desde 1997, cuando se presentaron las proposiciones de Coalición Canaria, IU-IC y PSOE. El PP, con el apoyo entonces de CiU, rechazó estas tres iniciativas, y presentó su Ley de Uniones Civiles, pero ahí acabó el debate. El martes pasado, los votos de los populares impidieron que se retomara el tema, al rechazar las proposiciones de IU, Iniciativa per Catalunya (IC), PSOE y CiU, que abogaban por una amplia equiparación de derechos entre parejas de hecho y matrimonios.Este "gota a gota" legislativo, como lo definió la diputada de IU Marisa Castro, se amplía con los numerosos registros de parejas de hecho. Además de las tres comunidades con leyes de pareja propias, Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y Ceuta reconocen la inscripción de estas uniones, lo mismo que sucede en más de 200 pueblos y ciudades. Un desbarajuste, como demuestra que no haya una lista oficial de municipios donde inscribirse. Así, puede darse el caso de que a una pareja le interese más apuntarse en el registro de su ayuntamiento que en el de su comunidad para conseguir un piso de promoción municipal o descuentos en las instalaciones deportivas, o que lo haga en los dos. Si además trabajan en una gran empresa podrán disfrutar al registrarse de los 15 días de permiso que se concede por convenio a quienes se casan.

También la legislación ha ido incorporando en los últimos años situaciones en las que se equiparan las parejas de hecho con los matrimonios. Entre ellas, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite la subrogación del alquiler al conviviente, la del habeas corpus y la de ayudas para víctimas del terrorismo, que incluye la posibilidad de que las parejas de hecho de los fallecidos cobren las indemnizacionesNavarra, Aragón y Cataluña ya tienen leyes propias. Los Ejecutivos que las aprobaron pertenecían a partidos distintos (CiU en Cataluña, UPN en Navarra, PSOE en Aragón). Cada una de ellas reconoce derechos diferentes, según sus competencias. No pueden equiparar derechos sucesorios, ni regular acerca de pensiones o concesión de nacionalidades, por ejemplo. La ley catalana fue la primera en aprobarse, y su reglamentación es muy parecida a la de la aragonesa y a la propuesta que CiU presentó en el Parlamento. La única que permite la adopción por parejas homosexuales es Navarra, pero para hacerlo tuvo que recurrir a un truco: en vez de incluir esta posibilidad en la ley de parejas, la comunidad foral modificó la ley del menor.

La polémica no se ciñe sólo a los derechos que deban tener las uniones. Las diferencias empiezan por su descripción. El proyecto del PP de 1997 estaba destinado a quienes quisieran "formalizar una unión civil por medio de un contrato". Una definición "asexuada que no reconoce la afectividad de las parejas de hecho ni de las homosexuales", en palabras de Jordi Petit, presidente honorario de la Coordinadora Gay-Lesbiana.

La portavoz del grupo parlamentario popular Rosa Estaràs, que defendió la postura de su partido en la Cámara Baja, reconoce que se trata de una formulación "mejorable, en vista de la realidad social", y apunta que "aunque no se puede identificar unión civil con matrimonio, sí que tiene que perfeccionarse", incluyendo la idea de que se trata de "dos personas con un proyecto de vida en común".

Esta definición se acerca más a las de las propuestas rechazadas. IU e Iniciativa por Cataluña hablan de "equiparación al cónyuge de las personas que convivan en análoga relación de afectividad". El PSOE se refiere a "quienes convivan en pareja de forma libre, pública y notoria, en una forma de afectividad similar a la conyugal", algo muy parecido a lo que establece CiU: "La convivencia de quienes lo hacen con voluntad de permanecer en la misma y con análoga relación de afectividad a la del matrimonio".