Baraka

La primera visita de Estado de Mohamed VI ha descompuesto a más de una de esas criaturas fabulosas manufacturadas por el PP, con medio cuerpo de catalanista de bricolage, y el otro medio de marrajo: a Josep Piqué, que declamó una oda a las relaciones bilaterales, el ministro de Asuntos exteriores de Rabat le dio un capón con la tarjeta roja de Ceuta y Melilla. Y es que el joven monarca alauita aún calza los cortantes espolones de su padre. Así que, cuando don Juan Carlos insinuó que no se escatimasen esfuerzos para la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, según el plan de paz de la ONU, Mohamed VI ni se inmutó. Ya se encargaría Benaissa de publicar el interés de su Gobierno por echarse una parrafada con James Baker. "Es mentira que Marruecos obstaculice el referéndum", afirmó. Y tiene razón; no lo obstaculiza, lo cañonea. Como era previsible, ni la prensa, ni la televisión pública marroquí, ni tampoco la televisión pública española, se refirieron a las discretas observaciones de don Juan Carlos. Ni a los casi cinco mil saharauis y paisanos de las más diversas autonomías que se desplazaron a Madrid para exigir el escrupuloso respeto de las resoluciones internacionales y de los derechos de todo un pueblo. Un atentado tan flagrante contra la libertad y la vida de los saharauis sólo merece la condena de las democracias que se ejercen sin tapujos.Sin embargo, esos mismos medios de comunicación sí concedieron generosos espacios a la entrega de las llaves de oro de Madrid, al soberano de Marruecos. Dicen que Hassan II poseía la Baraka, es decir, la ayuda que Alá otorga a sus elegidos. Pero lo que es Álvarez del Manzano, de Baraka, ni una rosca. Pero mucho ojo. Lo mismo Mohamed VI le monta un remake de aquella Marcha Verde, que tanto le valió a su padre, con el tráfico de los supervivientes de las pateras. Y además, llaves en mano. Apenas sorprende esa manipulación informativa, en un reino feudal; sí sorprende y desacredita, en otro que se presume de Derecho, y en el que se omiten o censuran palabras del jefe del Estado, y opiniones y manifestaciones de sectores ciudadanos. ¿Quién enseña la oreja?