Zaplana se desmarca del PP y equiparará parejas de hecho a matrimonios

La oposición mostrada por el PP en el Congreso a equiparar legalmente los matrimonios a las parejas de hecho choca con los planes de la Generalitat Valenciana, presidida por el popular Eduardo Zaplana. La Consejería de Bienestar Social ha pactado con la principal asociación de gays y lesbianas un anteproyecto de ley que reconoce a las parejas homosexuales los derechos de que gozan los matrimonios en la administración pública. La medida excluye aspectos de competencia estatal como las adopciones.

También en Andalucía

El borrador del anteproyecto de ley entiende por pareja de hecho a aquella que mantiene "una relación afectiva análoga a la conyugal" y se prolonga "al menos durante un periodo ininterrumpido de seis meses". El anteproyecto exige que quienes pretendan formalizar las uniones de hecho sean mayores de edad o se encuentren emancipados, que no estén casados ni conviviendo simultáneamente con otra persona y que al menos uno de ellos esté empadronado en la comunidad. El texto no sólo extiende a las parejas de hecho los beneficios de los cuales gozan los matrimonios en la función pública -ayudas, permisos y vacaciones-. También les concede los que el derecho público valenciano establece a los cónyuges "en especial en materia presupuestaria, de subvenciones y tributos propios". Estos beneficios se regulan exclusivamente por leyes autonómicas, como los relativos a descuentos para familias numerosas o el reconocimiento ante la Administración sanitaria del miembro de una pareja de hecho como interlocutor de su compañero o compañera, de forma que pueda tener las mismas competencias que un cónyuge en la toma de decisiones, como apunta el coordinador del Colectivo Lambda, Rubén Sancho. El Gobierno valenciano, presidido por el PP, ha llevado la equiparación hasta los límites que le otorga el Estatut d'Autonomia. Aspectos más polémicos como la adopción de niños por parejas homosexuales o cuestiones relativas a sucesiones, tributos o el reagrupamiento familiar con parejas extranjeros quedan fuera del anteproyecto. Sin embargo, si alguna de estas materias fuera trasferida, apunta Sancho, las parejas de hecho valencianas se encontrarían en igualdad de condiciones con los matrimonios, debido a la equiparación establecida en el borrador. Fuentes de la Generalitat señalan que, si el texto pasa sin problemas por el Parlamento valenciano, la ley podría ver la luz a finales de añoZaplana no es el único dentro del PP dispuesto a regular las parejas de hecho. El martes, la secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, declaró, antes del debate parlamentario que rechazó con los únicos votos del Grupo Popular las propuestas para legislar sobre parejas de hecho de IU, Iniciativa per Catalunya, PSOE y CiU que "lo importante es que haya cuatro proyectos que quieren dar respuesta a una realidad que está en la sociedad, y lo ideal sería que se aprobaran".

La regulación autonómica de las parejas realizada en Cataluña, Aragón, Navarra y anunciada en la Comunidad Valenciana llegará a Andalucía. Eso sí, el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, del PSOE, manifestó ayer que la actitud del Gobierno central impedirá que la ley autonómica pueda llegar "mucho más allá", ya que la intención del Ejecutivo andaluz era reconocer todos los derechos en asuntos como pensiones, Seguridad Social, y el derecho testamentario y civil.Por su parte, el Gobierno de Ceuta ha anunciado que elaborará una ley para igualar los derechos laborales a las dos parejas de hecho que trabajan en el Ayuntamiento de la ciudad con los de los matrimonios. La Generalitat catalana, la primera en promulgar una ley de parejas, no quiso comentar la decisión del PP.

Las asociaciones de homosexuales son las más críticas con la decisión del PP. La Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas y Gays acusó al partido gubernamental de hacer valer "el rodillo de su mayoría absoluta" y de olvidar que "su propia base social está mayoritariamente a favor de un reconocimiento de las parejas de homosexuales en igualdad".

La Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco declaró que la votación del Congreso "muestra claramente que el PP se sitúa en parámetros de derecha radical, y subyugado a los postulados de grupos y sectas ligados al fundamentalismo católico". Para la Fundación Triángulo, es una prueba de que "quien manda en el partido son los conservadores ultracatólicos".

En la misma línea, la Coordinadora Gay Lesbiana de Cataluña aseguró que el PP "actúa al dictado del Vaticano", informa Clara Tarrero.

La excepción ha sido la Plataforma Popular Gay, formada por militantes y simpatizantes del PP pero sin relación orgánica con el partido. Su presidente, Carlos Alberto Biendicho, declaró ayer que veían "normal" la actitud del Gobierno, que prefiere partir de su propia propuesta de uniones civiles en vez de "dilatar el debate de nuevo creando una subcomisión, como en la legislatura pasada". Biendicho manifestó su "confianza" en que así se llegará a tramitar la iniciativa, en la que se incorporarían propuestas de los otros partidos. Respecto a lo de llamarlas uniones civiles, "la idea es evitar que ciertos sectores puedan acusarla de inconstitucionalidad si se habla de matrimonio", indicó.