IU y PSOE exigen en el pleno al alcalde la municipalización de la gestión de la funeraria

La acumulación de indicios delictivos en la investigación judicial sobre la privatización de la funeraria (inyección de 140 millones mediante un supuesto blanqueo de fondos en la empresa Funespaña por parte de un asesor del Ayuntamiento en la privatización; una valoración inferior a la real, según la Intervención del Estado, etcétera) calentará el pleno que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Madrid. PSOE e IU han presentado una moción conjunta en la que solicitan al gobierno municipal que rescate la gestión de la funeraria (en manos privadas desde la venta del 49% de las acciones en 1992).

La oposición solicitará que se suspenda cautelarmente el contrato de gestión entre la funeraria y Funespaña, mediante el cual esta última percibe el 20% de los beneficios antes de impuestos (más de mil millones de pesetas desde 1993), amén de los que le corresponden como propietaria del 49% de dicha sociedad.La exigencia que defenderán hoy en el pleno municipal los grupos de la oposición se basa en "las irregularidades e incumplimientos contractuales cometidos por Funespaña o sus representantes en la gestión de la funeraria", según escriben en su moción.

Para volver a municipalizar la gestión, IU y PSOE plantean la necesidad de convocar una Junta General Extraordinaria de la Funeraria, donde los representantes municipales son mayoría (51% frente a 49% de la representación privada).

También solicita la izquierda municipal la suspensión temporal de empleo del personal nombrado a propuesta de Funespaña para gestionar la funeraria.

IU y PSOE pedirán además al PP, con mayoría absoluta en el Consistorio, que se cree una comisión de control de la funeraria integrada por los siguientes representantes: el interventor del Ayuntamiento de Madrid (que en su día puso importantes reparos a la venta de la funeraria) y miembros del equipo de gobierno municipal y de los grupos del PSOE e IU. Finalmente, la oposición reclama el nombramiento de un consejero delegado consensuado para encargarse de la gestión de la empresa.

Si estas medidas no prosperan por la negativa del gobierno municipal -cuyo máximo responsable, José María Álvarez del Manzano, se declaró "impresionado" por los indicios delictivos descubiertos por la policía francesa respecto a un supuesto blanqueo de fondos para adquirir una parte de la funeraria-, la oposición planea acudir a medidas más drásticas. Entre ellas, pedir la intervención judicial de la funeraria. Así lo anunció ayer Felipe Carballo, representante del PSOE en esa entidad.

Intervención del juez

"De no aceptarse la propuesta conjunta, tendremos que pedir la intervención del juez competente, dada la situación vergonzosa a la que ha llegado la compañía. No querríamos, pero nos veremos obligados si el gobierno municipal no actúa. Funespaña está enriqueciéndose descaradamente con el 20% que cobra por la gestión de la funeraria y la subcontratación a empresas de Funespaña y de sus socios", explicó Carballo.Cristina Narbona, portavoz adjunta del PSOE, también lanzó su andanada: "Pedimos que el Ayuntamiento, como socio mayoriario, intervenga en esta situación intolerable que empobrece a los ciudadanos. ¿Cuánto se enriquece Funespaña con el luto de los madrileños?"

Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida, afirmó que "hay indicios suficientes para obrar con extrema cautela a la hora de dejar la gestión de la funeraria en manos del socio privado, con personas que están permanentemente en la controversia. El PP, con su silencio ante este enriquecimiento ilícito, es cómplice de una situación que, además de las responsabilidades penales que se establezcan, no puede mirarse con pasividad", agregó la portavoz de IU.

La funeraria municipal fue privatizada parcialmente (se vendió el 49% de sus acciones) en un proceso que duró menos de seis meses y al que concurrieron tres empresas. La firma ganadora, Funespaña, puso 100 pesetas para pagar el 49% de las acciones -debido a que, supuestamente, la sociedad municipal se hallaba en quiebra- y otros 200 millones de pesetas para una ampliación de capital. El 70% de esos 200 millones de pesetas correspondía a una transferencia bancaria que hizo José Ignacio Rodrigo a Funespaña de un dinero que tenía en un banco de Biarritz.

Rodrigo había sido fichado a dedo por el concejal de Sanidad, Simón Viñals, para que asesorase en el proceso de privatización de la funeraria. Quien asesoró al Ayuntamiento de Madrid para vender el 49% de la funeraria municipal acabó siendo presidente de la empresa que se quedó con ese 49%, y hoy controla, al menos, el 30% del capital de Funespaña. La funeraria municipal, que perdió cerca de mil millones durante la gestión del Gobierno del PP (1991-1992), ganó dinero desde que fue vendido su 49%. En 1993 ya cerró el ejercicio con 800 millones de pesetas de beneficios. Hasta hoy, las ganancias anuales no han caído nunca por debajo de los mil millones de pesetas.