El presidente de Perú no adopta ninguna medida para desactivar su servicio de espionaje
A pesar de que el presidente peruano, Alberto Fujimori, reafirmó en la madrugada de ayer su voluntad de "desactivar" el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que en los últimos 10 años ha dirigido desde la sombra Vladimiro Montesinos, en su calidad de asesor ad honorem, hasta ahora no ha dado ningún paso concreto para poner fin al poderoso aparato que actúa como los ojos y oídos del régimen. Fujimori asegura que su Gobierno ya trabaja para la revocación de la ley sobre la que se asienta el servicio secreto. Ha dicho, incluso, que todos los funcionarios de ese organismo serán destituidos.
Del dicho al hecho... La promesa de Fujimori tiene poco crédito si se tiene en cuenta el origen, el desarrollo y el poder adquirido por el SIN en la última década. El 21 de julio de 1992, tres meses después del autogolpe que dio con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori firmó un decreto por el que se creó el Sistema de Inteligencia Nacional, que hasta entonces no había conseguido aprobar por la oposición del Congreso a las leyes especiales que presentaba el Gobierno para combatir el terrorismo.En ese decreto, el SIN es definido como "el organismo central y rector del Sistema de Inteligencia Nacional", bajo el que se encuadran los órganos e inteligencia del sector Defensa, de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Educación, así como los órganos de inteligencia de los tres ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales". Tiene rango de ministerio y se encarga de "producir, integrar, dirigir, coordinar, controlar y realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia requeridas por la seguridad y la defensa nacional. Depende directamente del presidente de la República". Su presupuesto y documentos que lo sustentan tienen la clasificación de secreto. El personal se rige por un plan de carrera y escala remunerativa especial, aprobado por un decreto supremo de carácter reservado.
Formalmente, el jefe del SIN es el almirante Humberto Rozas (su antecesor, almirante Julio Salazar Monroe, es el actual embajador en Caracas), pero quien realmente manda es Vladimiro Montesinos, nombrado asesor de Fujimori cuando ganó las primeras elecciones, en 1990. Desde el SIN se diseñó buena parte de la estrategia que permitió aniquilar a Sendero Luminoso. Lograda la paz, Montesinos siguió trabajando hasta convertir el servicio de inteligencia en una máquina infernal de control de la ciudadanía. Espionaje en sus más diversas variantes, escuchas telefónicas, guerras sucias para desprestigiar a opositores, torturas y asesinatos de testigos incómodos figuran en el expediente del SIN.
Montesinos y La Fábrica, como se conoce al SIN, han escapado a todo control parlamentario. El asesor sólo responde o respondía ante Fujimori y sus aliados de la cúpula militar, hasta tal punto que en Perú el verdadero poder reside en el trinomio Fujimori-Montesinos-Fuerzas Armadas. El Congreso, en manos de la mayoría fujimorista desde 1992, guarda silencio. Tampoco el poder judicial ha adoptado nunca iniciativa alguna contra los desmanes del SIN.
Javier Valle Riestra, el primer ministro más breve del reinado de Fujimori (70 días), desconfía de la promesa del presidente. "Decir voy a desactivar el SIN es una mentira y un camuflaje, porque no se puede desactivar un servicio de inteligencia. Es como decir en España que se va a desactivar el Cesid, o el FBI, la CIA o Scotland Yard. Un país no es totalitario porque tenga un servicio de inteligencia. Lo que hay que ver es qué hace este servicio, si persigue opositores, si reprime; porque, en este caso, se convierte en una policía dictatorial", declaró a este diario.
Para Valle Riestra, "esta mentira oculta la incapacidad política de Fujimori para destituir a Montesinos. ¿Por qué no ha aparecido en el diario oficial una resolución del primer ministro, de quien depende formalmente el SIN, diciendo: destitúyase a Vladimiro Montesinos, asesor ad honorem del SIN?" El ex ministro recuerda que en los 70 días que estuvo en el Gobierno tan sólo vio dos o tres veces a Montesinos, su jefe formal.
Desactivar el SIN requiere no sólo voluntad política, sino hilar muy fino, ya que se trata de un terreno minado. La gran cantidad de información confidencial y comprometedora que se acumula en su despacho, entre la que destaca una videoteca de grabaciones ilegales, y el futuro de los agentes y de su jefe son cuestiones que tienen que resolverse antes de una eventual desactivación. El diario El Comercio aseguraba ayer que se demoraría unos cuatro meses, y apuntaba un detalle revelador: tres coroneles del entorno de Montesinos se habrían fugado del país con abundante documentación.
