Cuatro propuestas de la oposición reabren el debate parlamentario sobre parejas de hecho

El Congreso debatirá mañana si acepta a trámite las proposiciones de ley para regular las parejas de hecho que presentarán PSOE, CiU, IU e Iniciativa per Catalunya (IC), del Grupo Mixto. Las cuatro propuestas tienen en común la equiparación legal de esas parejas, incluidas las homosexuales, con los matrimonios. Sólo discrepan acerca del derecho a la adopción (IU e IC lo incluyen, PSOE está dispuesto a hacerlo y CiU se opone) y el matrimonio (CiU está en contra). El PP, con mayoría absoluta, ha anunciado que "por coherencia" mantendrá su propio proyecto de Ley de Contrato de Unión Civil.

Matrimonio y adopción

El proyecto del PP, presentado en la legislatura pasada, es similar al aprobado en Francia, y no reconoce el vínculo afectivo entre los miembros de la pareja. Por eso, sus detractores dicen que vale igual para una pareja de enamorados que para una de guardias civiles que compartan piso. Otra de las críticas que ha recibido es que su presentación fue un acto de "filibusterismo parlamentario destinado a evitar el debate de los otros proyectos, mucho más progresistas", en palabras de Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatatal de Lesbianas y Gays.Rosa Estarás, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, lo defiende argumentando que está inspirado "en el espíritu de la no discriminación y la igualdad jurídica que marca Europa", cuyo Parlamento resolvió el 8 de febrero de 1994 que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un trato idéntico con independencia de su orientación sexual, e instó a los Estados miembros a que pusieran fin al trato desigual que sufren los homosexuales. Pero desde entonces, sólo Dinamarca (en 1988) y Holanda (la semana pasada) han legalizado el matrimonio entre homosexuales. El Gobierno francés aprobó este año su Ley de Contrato Civil, una regulación parecida a la que propone el PP.

El Parlamento español ratificó la proposición del de Estrasburgo al año siguiente, pero desde entonces sólo dos comunidades autónomas, Cataluña y Aragón, han aprobado leyes sobre parejas de hecho (una situación en la que se encuentran tanto las parejas de homosexuales, que no pueden regularizar su unión mediante el matrimonio, como las heterosexuales que no han querido o podido hacerlo). Navarra ha aceptado este año la adopción por parejas homosexuales, y numerosos pueblos, ciudades y comunidades, como Granada, Vitoria o Madrid, han creado registros de parejas de hecho. Otras leyes, como la de arrendamientos, también han incorporado la figura del conviviente a su articulado.El problema es que todas estas iniciativas dispersas no tienen un marco general que iguale los derechos y obligaciones, y que la falta de competencias hace que muchas de estas iniciativas sean sólo testimoniales: no pueden conferir derechos sucesorios, fiscales, o de nacionalidad, por ejemplo.

Durante la pasada legislatura, todos los grupos parlamentarios presentaron propuestas para regularizar las parejas de hecho, pero el debate quedó estancado en la Comisión cuando el PP presentó su proyecto de Contrato de Unión Civil. Este año, el Congreso reabre el asunto con la discusión, mañana, de si admite a trámite las propuestas de PSOE, IU, CiU e Iniciativa per Catalunya. Éstas son algunas características de sus proposiciones.

- Iniciativa per Catalunya e IU. Ambos grupos retoman la proposición que elaboraron conjuntamente la legislatura pasada. Con diferencias de forma, pero no de fondo, las dos agrupaciones políticas abogan por que se incluyan entre los derechos de las parejas de hecho, independientemente de su sexo, la adopción y la equiparación a efectos tributarios (poder hacer declaración de la renta conjunta) y sucesorios (que un componente de la pareja sea el heredero natural del otro aunque éste no haya hecho testado).

En el caso de la adopción, la propuesta de IC señala que al menos uno de los miembros de la pareja adoptante - "con independencia de su orientación sexual"- debe tener más de 25 años, y 14 más que el adoptado.

Según el diputado Joan Saura, que defenderá la proposición, piensan pedir también el derecho al matrimonio para los homosexuales, porque "lo que hay en juego es que el PP intenta decir que sólo hay un modelo familiar. Hay que reconocer que hay distintos modelos familiares, y no se puede defender sólo uno".

- PSOE. Los socialistas también van a retomar la propuesta que realizaron en la anterior legislatura, aunque podrían modificarla. "La gente ha evolucionado mucho en muy poco tiempo", señala la ponente, Cristina Alberdi. "La Consitución dice que debe protegerse a la familia, pero no que sólo exista un modelo familiar", dice.

Respecto al derecho a la adopción y al matrimonio, que el texto de los socialistas no incluye, Alberdi recalca: "Hemos evolucionado a favor de la adopción. Aunque no lo llevamos en el texto, se podría incorporar. No es que estemos en contra". Y aporta un dato del Centro de Investigaciones Sociológicas: en poco tiempo, la proporción de españoles partidarios de que los homosexuales puedan adoptar ha aumentado hasta el 37%.

Sobre el matrimonio, la diputada socialista se muestra tajante: "Lo hemos aprobado en nuestro 35º Congreso, por lo que habrá que desarrollar una iniciativa, que podrá ser en éste o en otro trámite parlamentario".

Otro aspecto en el que, según la ex ministra de Asuntos Sociales, los socialistas han evolucionado es en ampliar la cobertura de la Seguridad Social y en igualar a las parejas de hecho el tratamiento fiscal de los matrimonios. "Reconocemos que es fundamentalmente un problema económico, y por eso no lo abordó el Gobierno socialista, pero habrá que hacerlo, porque más de un 57% de la población está a favor", declaró.

- CiU. El objetivo de su proposición no de ley es "dar reconocimiento legal a una realidad social", en palabras de Mercé Pigem, que será su ponente. Se trata de la propuesta más limitada, ya que consiste en una "traslación de la ley catalana" de 1999, según explica la diputada.

La propuesta deja claro, en un primer punto, a quiénes se refiere: "Unión estable entre un hombre y una mujer que hayan convivido maritalmente como mínimo durante un periodo ininterrumpido de dos años", y las "uniones estables de parejas formadas por personas del mismo sexo que convivan maritalmente", si son mayores de edad, no están casados, no tienen otra pareja de hecho registrada, y no son parientes en línea directa o colateral de segundo grado.

La legislación aprobada por la Generalitat no incluía, "por falta de competencias", los dos aspectos más conflictivos, el derecho a la adopción y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por eso, "y porque son temas en los que el debate social todavía no ha terminado", tampoco los recoge la propuesta de CiU.