El fiscal reitera que pescar inmaduros es delito y presenta otras 10 denuncias

La Fiscalía de Málaga mantiene el criterio de que la pesca de inmaduros constituye un delito contra la fauna. Pese a que la Audiencia Provincial desestimó una de las cuatro querellas presentadas por el ministerio público el año pasado por entender que no encajaba en ningún tipo delictivo, el fiscal de Medio Ambiente ha decidido insistir en sus tesis y ha presentado otras 10 denuncias contra otros tantos armadores por capturar alevines. La mercancía decomisada este año ha aumentado un 10% respecto a 1999.

La Fiscalía sólo ha denunciado a aquellos barcos de Málaga, Vélez y Estepona que transportaban una carga exclusivamente de inmaduros. Dos de las embarcaciones incluso eran reincidentes en esta práctica que el ministerio público comenzó a perseguir penalmente hace poco más de un año. Pese a tener en contra una sentencia de la Audiencia, la Fiscalía ha decidido continuar su línea de trabajo hasta que el máximo órgano judicial de la provincia no consolide un criterio con más resoluciones.El grueso del pescado incautado procedía del puerto de Málaga, donde se decomisaron casi 1.800 kilos de crías; en Caleta de Vélez el total rondó los 100 kilos, mientras que en Estepona apenas llegó a 45 kilos. Aunque la mayor parte de las capturas correspondían a alevines de boquerón, también fueron intervenidos inmaduros de otras especies, como concha fina, pulpo y jurel. Las cuatro querellas correspondían a incautaciones hechas en 1998 y las diez denuncias presentadas la semana pasada a aprehensiones de 1999. Seis demandas han sido trasladadas a juzgados de la capital, otras tres a tribunales de Vélez-Málaga y la restante a Estepona.

Desde la Junta, la decisión de la Fiscalía de perseguir penalmente la pesca de inmaduros ha sido calificada como "iniciativa magnífica". Esta actividad, que hasta hace poco más de un año sólo se penalizaba por la vía administrativa, experimentó un crecimiento del 10% si se comparan los ocho primeros meses de 1999 con el mismo período de 2000. El año pasado, el total de decomisos fue de 17.440 kilos, mientras que de enero a finales de agosto pasado, la cifra ya ascendía a 19.389 kilos. "Esta lucha no debe ser sólo de la Junta, sino de todas las administraciones, de los ciudadanos e incluso de los pescadores. Estamos encantados con cualquier iniciativa que venga a sumar en la defensa de los inmaduros", apuntó el delegado de Agricultura y Pesca de Málaga, José María Rodríguez.

Los armadores de cerco en cambio no ocultan su malestar ante el "acoso y el descrédito" que sufren por parte de la Junta. Argumentan que entre el aumento del gasóleo, las cargas sociales y la prohibición de capturar boquerones que no alcanzan la talla reglamentaria, van a tener que amarrar la flota. El colectivo incluso ha pedido una reunión con el consejero, Paulino Plata, para abordar la cuestión. Rodríguez sostiene que si el fiscal o un juez le solicitan los expedientes por pesca de inmaduros, la Administración está obligada a colaborar.

Al igual que en las cuatro querellas presentadas el año pasado, el fiscal pide que se tome declaración a los armadores y a los inspectores que realizaron la incautación. El ministerio público fundamenta sus denuncias en el artículo 335 del Código Penal, que permite perseguir la pesca de inmaduros, no así la comercialización y el transporte, que no están tipificados como delitos y por tanto sólo son sancionables por la vía administrativa.