Las autonomías frenan la entrada en vigor de la Ley del Menor en el tramo de 18 a 21 años

Serán los grupos parlamentarios los que tengan que decidir la moratoria de la aplicación de la Ley del Menor, en el tramo de 18 a 21 años, según se comprometió ayer el Gobierno ante la petición unánime de las comunidades autónomas de asumir, de forma gradual y con menos tensión financiera, su entrada en vigor. Jueces y fiscales ya pronosticaron en junio pasado el fracaso de esa ley por falta de medios, en tanto que las seis comunidades gobernadas por el PSOE anunciaron a comienzos de verano su intención de presentar un conflicto de competencias si el Ejecutivo central no acompañaba la implantación de la norma con la transferencia de medios matriales y humanos suficientes para aplicarla adecuadamente.El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, dijo ayer que para el Gobierno es "inexcusable" que la Ley del Menor entre en vigor, en lo referido a menores de 18 años, en la fecha prevista, es decir, el 12 de enero del año 2001, por lo que el PP sólo admitirá, a petición de las 17 autonomías, una posible moratoria parcial que queda en manos del Parlamento.

Elorriaga acababa de presidir, en el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), una reunión con consejeros de Asuntos Sociales de todas las comunidades autónomas para analizar el grado de implantación de los medios necesarios para la entrada en vigor de la ley que el próximo año regulará la responsabilidad penal de los menores. "Una amplia mayoría" de las comunidades autónomas se ha mostrado favorable a una moratoria total de la aplicación de la ley, mientras que la demora en la aplicación sobre el tramo de 18 a 21 años ha sido aceptada de forma "unánime", explicó.

El consejero de Asuntos Sociales de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, que se erigió en portavoz de todos los representantes autonómicos, señaló en conferencia de prensa que se trata de "una buena ley, pero que es inviable si no se aplica en un marco de financiación negociado". Pérez Saldaña criticó que el Gobierno no haya hecho, hasta el momento, "los trabajos precisos para saber cuál es la población diana y los costes que la ley pueda plantear a cada comunidad". Uno de los motivos por los que, según el MAP, es deseable esta moratoria es que es difícil evaluar la población mayor de 18 años a la que efectará la Ley del Menor.

La nueva ley es de aplicación para mayores de 18 años cuando la pena del delito cometido sea inferior a 3 años, no se haya ejercido violencia sobre las personas y el grado de madurez del delincuente haga preferible la aplicación de este nuevo texto legal. "No es posible evaluar a qué población afectará", según el MAP. Un total de 1.148 jóvenes de entre 16 y 20 años están internados en centros penitenciarios, de los que 63 son menores entre 16 y 17 años, y 1.085 jóvenes entre 18 y 20 años.