Las instituciones dan el primer paso para igualar los servicios sociales en los tres territorios

En Euskadi todos los ciudadanos pagan unos impuestos armonizados en las tres provincias, sin embargo no reciben los mismos servicios sociales ni en calidad ni en cantidad, lo que provoca en la práctica un trato desigual. Las instituciones vascas dieron el miércoles un paso para terminar con esa situación al reunirse por primera vez en lo que va de legislatura para tratar esas importantes diferencias. De esta reunión de trabajo salieron varias decisiones, entre ellas la de elaborar un mapa que precise los servicios sociales que se prestan en la comunidad.

Peso de la red pública

A diferencia del clima político tan enrarecido que vive la política vasca a nivel parlamentario y de las cúpulas dirigentes de los partidos, la cordialidad presidió el contacto entre los máximos representantes en el área de los servicios sociales de los tres niveles institucionales de Euskadi (Gobierno, diputaciones y ayuntamientos).La elaboración de un mapa de los servicios sociales que presta cada institución permitirá definir un reparto competencial más coherente (en la actualidad las diputaciones poseen la mayoría de ellas) y, por consiguiente, establecer la financiación que debe aportar cada institución. Se elaborará así un inventario de servicios y recursos, y a principios del próximo mes de noviembre se realizará la puesta en común de ese catálogo. El siguiente paso supondrá la elaboración del decreto de Servicios Sociales de Base. Según un portavoz del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, todas las administraciones se mostraron de acuerdo en garantizar a los ciudadanos vascos los mismos derechos a los servicios sociales, independientemente del territorio o tamaño del municipio en el que residan.

Las diferencias entre los servicios sociales que ofrece cada provincia ha sido un tema de debate en el Parlamento vasco durante esta legislatura, pero hasta ahora no se había dado ningún paso para empezar a solventar la situación. Según los últimos informes del Ararteko y los que periódicamente realiza el Gobierno, las instituciones alavesas (la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria, principalmente) dedican al mantenimiento, consolidación y desarrollo de los servicios sociales casi el doble de dinero por persona que Vizcaya y Guipúzcoa.Las cifras son aún mayores cuando se habla de los recursos destinados a la tercera edad.

Las divergencias también son significativas al comprobar que el peso de los servicios sociales públicos no es el mismo en los tres territorios. Mientras que los ciudadanos vizcaínos dependen del sector privado en un 70%, en Álava es la inversa: es público el 70% de los servicios. Los recursos humanos (trabajadores y asistencias sociales) con los que cuenta cada provincia varían igualmente. La media en la comunidad es de 7.810 usuarios por cada trabajador social, cuando la relación en los países europeos con mejores prestaciones sociales de base se sitúa en unos 5.000 habitantes. Mientras Guipúzcoa se acerca más a la media europea con 6.000 potenciales usuarios, Álava se sitúa en casi 6.900 y Vizcaya, con la peor relación, en 9.800.

Además de intentar equiparar la prestación de los servicios sociales, el Gobierno anunció al resto de instituciones su intención de poner en marcha antes de que finalice el año una red telemática que permitirá a los ciudadanos acceder a través de Internet a cualquier dato relacionado con los servicios sociales, desde el tipo de ayuda que presta cada administración hasta las residencias para la tercera edad que disponen de plazas y en qué condiciones. La red incluye también una red interna (intranet) para que trabajen los asistentes sociales, lo que facilitará una mayor coordinación de los presupuestos que destinan las instituciones a cuestiones como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social.

La siguiente reunión al máximo nivel institucional está previsto que se celebre a principios del mes de noviembre en Guipúzcoa.