Prodi se declara "muy satisfecho" y confía en que la UE no vuelva a vivir un caso semejante

El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se mostró anoche "muy satisfecho" con el levantamiento de las sanciones y declaró que la Comisión "nunca ha querido aislar a Austria"; sin embargo, puntualizó, "la Unión debe permanecer vigilante con los casos de extremismo y xenofobia allí donde ocurran en Europa". Dijo también que la UE debe aprender de esta crisis: "Confío en que reexaminaremos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Debemos mejorar el tratado a fin de evitar que casos como éste vuelvan a suceder de nuevo".

La UE ha cerrado así, como mejor ha podido, el atolladero en el que se metió el 1 de febrero, cuando los 14 socios de Austria decretaron las sanciones. Éstas buscaban el aislamiento diplomático de Viena y el recordatorio de que, por encima de todo, la Europa unida se asienta en la democracia y el respeto de los derechos humanos. Bajo la dirección del primer ministro portugués, António Guterres, entonces presidente de turno de la UE, los Catorce se pusieron rápidamente de acuerdo para castigar el atrevimiento austriaco.Francia, con el presidente Jacques Chirac a la cabeza, convertido en blanco de los insultos del ultraderechista austriaco Jörg Haider, y Bélgica fueron las que más presionaron para aplicar un correctivo, pensando en clave interna, para frenar el auge de la extrema derecha en sus países. El Gobierno belga insinuó que retiraría a su embajador en Viena e invitó a los demás a hacer lo mismo. Al final se dejó aparcada tal acción.

La nota aprobada por los Catorce especificaba que a partir de ese momento quedaban suspendidos los contactos políticos, que los embajadores austriacos sólo serían recibidos para consultas técnicas y que ningún austriaco sería apoyado para un cargo en un organismo internacional.

Tales medidas no significaron que Austria no pudiera asistir a las reuniones de ministros de la UE. Supusieron, eso sí, desaires diplomáticos como evitar la foto de familia de los demás líderes con el canciller Wolfgang Schüssel o las ausencias de algunos ministros cuando hablaba su colega austriaco en alguna reunión.

Los Catorce no consultaron la decisión con la Comisión Europea. El presidente Romano Prodi quedó al margen de todo. El Ejecutivo comunitario optó por una posición neutral. Aun manifestando repulsa por la situación en uno de los Estados miembros, Bruselas subrayó que como guardiana de los tratados no podía ir más allá, y adelantó que mantendría relaciones con Viena. Prodi felicitó a Schüssel y recibió al canciller el pasado julio. Se comprometió a ayudar a Viena y más tarde se sinceró al confesar que él habría actuado con prudencia y diálogo. Al llegar al poder, en una declaración de principios, el Gobierno austriaco dio garantías de que respetaría los valores comunes europeos.

Conforme pasaba el tiempo, a Bruselas llegaban de Viena señales cada vez más preocupantes. Sólo una fue positiva, y se interpretó como resultado de las presiones de la UE: la dimisión de Jörg Haider como presidente de su Partido Liberal (FPO) para dedicarse de lleno a su puesto de gobernador de Carintia. Las inquietantes noticias hablaban de un inicial crecimiento de la popularidad del FPÖ y luego de los conservadores del canciller Schüssel, así como de veladas amenazas de Viena de bloquear la Conferencia Intergubernamental (CIG), puerta imprescindible para la ampliación al Este, si los demás socios persistían en su actitud.

Los populares europeos acordaban, al principio de la primavera, congelar la presencia de los conservadores austriacos en su club político. Meses después, a finales de junio, daban de nuevo la bienvenida a Schüssel. Para entonces se habían abierto ya profundas fisuras dentro de la Unión, sobre todo por parte de los países nórdicos y por la postura cada vez más comprensiva de José María Aznar.

Portugal intentó sin éxito cerrar el caso, antes del fin de su presidencia, sugiriendo una suspensión temporal de las medidas con un control de vigilancia. Chirac se negó, al tiempo que los demás socios europeos mostraban irritación y preocupación por el anuncio austriaco de convocar un referéndum sobre las sanciones en otoño. A iniciativa portuguesa, se optó este verano por llevar el problema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y encargar a su presidente la designación de tres expertos (Martti Ahtisaari, Marcelino Oreja y Jochen Frowein), quienes en un tiempo récord elaboraron un informe en el que recomiendan el levantamiento de las sanciones y advierten de que puede ser contraproducente mantenerlas.

De qué han servido las sanciones es algo sobre lo que no todos coinciden. Para algunos, de bien poco; para otros, por el contrario, de mucho. Por dos razones: reiterar que Europa es mucho más que un club comercial y modificar cuanto antes el artículo 7 del Tratado, que contemple un procedimiento claro a seguir cuando se produzcan claras violaciones a los principios y valores de la Unión.