¿Por qué callar?

La publicación de mis preguntas acerca de las fotografías que, por parte de ETA, fueron tomadas a Fernando Buesa en el Parlamento vasco ha suscitado algunas respuestas que, en mi opinión, merecen comentario. Así, desde medios ligados a la lucha antiterrorista se señala que tales imágenes fueron conocidas después del asesinato de mi hermano, pues su revelado se demoró unos dos meses, y se justifica esta tardanza en la acumulación de trabajo ocasionada por la gran cantidad de documentación incautada a la banda terrorista. Queda, por tanto, despejada una de aquellas cuestiones y se evidencia que el Ministerio del Interior no erró con respecto a su protección, lo que no obsta para que, a la vista de la citada explicación, se plantee una duda acerca de la suficiencia de los medios personales y materiales disponibles para sostener aquella lucha.Por otra parte, el presidente de la Cámara legislativa vasca se extiende, en un artículo publicado por EL PAÍS al día siguiente de haberlo hecho con mis preguntas, en un relato pormenorizado de acontecimientos y noticias de prensa que precedieron al asesinato de Fernando y que, para el señor Atutxa, "añaden significado a este episodio"; es decir, al hecho de que él se enterara por la prensa de la existencia de las fotos de mi hermano. Tal significado no es otro que el que abunda en el problema de la descoordinación entre la Ertzaintza y los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Digo abunda porque, en lo esencial, el señor Atutxa no hace sino reproducir el argumento que, a finales del mes de mayo, utilizó el máximo líder de su partido, Xabier Arzalluz, para lanzar un furibundo ataque al ministro del Interior. Es verdad que entre ambos dirigentes del PNV existen diferencias sustanciales, pues Juan María Atutxa en ningún momento recurre al zafio estilo de su compañero ni retuerce los hechos hasta hacerlos irreconocibles ni, sobre todo, pretende que, como derivación de aquella falta de consonancia entre los cuerpos policiales, la responsabilidad del crimen en el que mi hermano perdió su vida se traspase desde sus autores al señor Mayor Oreja. Y más bien interpreto que su texto refleja una sincera preocupación por las consecuencias de la desavenencia policial -"tras aguantar durante unos años en silencio otros episodios", dice- y seguramente un gran aprecio por la figura de Fernando Buesa.

Así, pues, una gran parte del texto en el que el señor Atutxa contesta a mi carta está destinada a evidenciar la descoordinación entre las policías vasca y estatal. Este problema ha sido recurrente y parece que desde el mes de junio ha encontrado alguna vía de solución. Pero la cuestión, desde mi punto de vista, no se resuelve en una apreciación general, sino más bien en una muy concreta que concierne a la atribución de la principal responsabilidad de la existencia de ese problema en el momento en que Fernando Buesa fue asesinado. La tesis del presidente parlamentario vasco -que en esto no se aparta un ápice del victimismo que caracteriza al discurso político de su partido- se orienta en el sentido de concedérsela al Estado; sin embargo, yo prefiero aceptar la perspectiva que puso de relieve mi hermano cuatro días antes de su muerte en un discurso pronunciado en el Parlamento vasco. De acuerdo con ella, la cooperación policial se encontraba "bloqueada por el enfrentamiento político entre el Gobierno Ibarretxe y el Gobierno Aznar" y, en ese marco, era el Ejecutivo formado por el PNV y EA el que no deseaba "perseguir con diligencia a los autores de las acciones violentas buscando la cooperación eficaz de la Ertzaintza con las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado" (Cf. EL PAÍS, 23 de febrero de 2000, página 17).

El artículo de Juan María Atutxa alude también a la primera de las preguntas que yo planteaba mostrando mi perplejidad por el hecho de que ninguna autoridad vasca haya tomado medidas para reforzar la seguridad de la sede parlamentaria ni, por supuesto, asumido la eventual responsabilidad de que ETA haya podido realizar tareas de información dentro de ella. Y lo hace señalando la inevitabilidad de que un miembro legal de la banda armada se pasee por esa sede y pueda "seguir haciéndolo en cualquier otra institución".

Este punto de vista me parece inaceptable, pues, aunque no quepa negar la dificultad que pudiera existir para detectar unas actividades delictivas como las señaladas, no por ello debe eludirse la necesidad de abordar el problema. Los representantes de la voluntad popular no están sólo para gestionar el gobierno de las cosas, sino también para cambiar éstas. Y cuando los problemas son relevantes no basta con aplicar el reglamento, incluso con diligencia, sino que hay que modificarlo.

Los Parlamentos tienen la función de elaborar leyes destinadas a procurar la felicidad de los ciudadanos; y, en el caso que nos ocupa, esa felicidad exige, de manera impostergable, la mejora de su seguridad. Por eso me decepcionan las consideraciones del señor Atutxa y me obligan de nuevo a rememorar otro pasaje del último discurso de mi hermano: "El lehendakari y su Gobierno nos han defraudado... La minoría nacionalista que le apoya en este Parlamento ninguna voluntad tiene de enfrentarse de modo exigente con los grupos violentos". Si esto es así, ¿por qué callar?

Mikel Buesa es catedrático de la Universidad Complutense.