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El alcalde de Castril se defiende con evasivas ante la acusación

Estudio previo

Joaquín Fernández Romero, alcalde socialista de Castril (Granada), imputado por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, aseguró ayer ante el juez de Huéscar que se enteró por los periódicos del comienzo de unas obras en el entorno del castillo de Castril que el propio Ayuntamiento había adjudicado y que causaron daños irreversibles en los restos arqueológicos. Fernández contestó con evasivas a casi todas las preguntas formuladas por el abogado de la acusación, ejercida por el concejal independiente José Juan López Ródenas.Las obras, que carecían del correspondiente informe preceptivo de la Consejería de Cultura, fueron adjudicadas por el Ayuntamiento a la empresa Electroriego de Baza. Sin embargo, el alcalde aseguró que nunca ordenó su comienzo y que se enteró del inicio cuando leyó en los diarios la noticia y recibió de la Consejería de Cultura una orden de paralización. Esta sorprendente afirmación indujo ayer a la acusación particular a pedir la comparecencia como testigo del propietario de la empresa adjudicataria para que confirme si comenzó las obras por iniciativa propia o si, por el contrario, recibió la orden pertinente.

Joaquín Fernández fue más allá y trató de contradecir incluso el informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y dijo que no recordaba que los agentes se hubieran entrevistado con él el pasado mes de marzo.

Asimismo, dijo que desconocía la existencia del estudio previo a la intervención elaborado por el arqueólogo Antonio Malpica, a pesar de que fue encargado desde el área municipal de Cultura de Castril por el ahora denunciante José Juan López, que entonces trabajaba como asesor. Las obras, que según un segundo informe de Antonio Malpica causaron daños muy graves en los restos arqueológicos, fueron promovidas por el Ayuntamiento de Castril aunque los servicios técnicos de la Diputación se encargaron de redactar el proyecto. Con posterioridad, la propia Diputación granadina, gobernada por el PSOE, emitió dos informes que negaban que la intervención se fuera a realizar dentro del espacio donde se encuentran los restos medievales.

La dirección del PSOE de Granada, por su lado, no tiene intención de abrir expediente disciplinario contra el alcalde de Castril que, a finales del pasado mes de enero, llegó a amenazar con revelar datos comprometedores contra el entonces delegado de Cultura Enrique Moratalla.

Fuentes del PSOE indicaron ayer que hasta ahora el partido se ha limitado a recopilar información, pero que no se ha planteado una decisión de orden disciplinario, al menos hasta que no se produzca una condena firme. La mismas fuentes redujeron a una discusión entre dos administraciones las descalificaciones vertidas por Joaquín Fernández contra Enrique Moratalla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de septiembre de 2000