Sanciones y costes

La directiva del agua dispone sanciones que los Estados miembros han de determinar ahora y da a la Comisión Europea un papel fundamental en seguir el cumplimiento del articulado. Durante los últimos meses, una representación parlamentaria ha negociado con el Consejo de Ministros de la UE los puntos más conflictivos de esta directiva. El acuerdo alcanzado ha permitido concluir que quizá el agua no tenga que encarecerse tanto como se esperaba. Bajo el principio de que "quien contamina paga", el texto obligaba a los países miembros a repercutir todos los costes del agua en su precio final de forma paulatina, incluida el agua de riego, lo que en España se teme supondría triplicar los precios. Gracias a las negociaciones de última hora, se ha conseguido flexibilizar este principio al tener en cuenta "los efectos sociales y económicos y las condiciones geográficas y climáticas de las regiones afectadas".