El Gobierno español deberá informar a Bruselas de sus planes hidrográficos, según la nueva directiva

El Gobierno español, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, deberá enviar a la Comisión sus planes hidrológicos. Así lo establece la directiva del agua que, tras varios años de trámite, recibirá hoy el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo. Los socialistas creen que un estudio profundo de este texto legislativo dilucidará si el actual trasvase del Ebro que se propone España puede vulnerar esa directiva, que entrará este mismo mes en vigor. Los populares niegan tajantemente esa hipótesis. "El ministerio español ha estudiado bien la directiva para que sus actuaciones coincidan con el espíritu del texto legislativo europeo", aseguró ayer la eurodiputada del PP Cristina García Orcoyen."En todo caso, es evidente que, con esta directiva, los trasvases van a estar más vigilados, pues se exige una justificación, unos estudios que demuestren su sostenibilidad y un informe de impacto ambiental. No se podrá hacer un trasvase con la única finalidad de favorecer el consumo del agua, sino su uso racional", explicó ayer la eurodiputada socialista Maruja Sornosa. El texto exige que los Estados miembros incluyan en los planes hidrológicos de cuenca información sobre costes medioambientales.

Los planes hidrológicos y sus actualizaciones no sólo tendrán que ser enviados a la Comisión, sino también a cualquier otro Estado miembro interesado, y en un plazo de tres meses a partir de su publicación.

La directiva del agua que va a aprobar la Cámara de Estrasburgo es, en opinión de la ponente de la misma, la socialista francesa Marie Noëlle Lienemann, "uno de los actos legislativos comunitarios más importantes en el terreno medioambiental".

En términos generales, este texto, que los Estados miembros deben transponer a sus legislaciones antes de 10 años, pretende eliminar totalmente la contaminación de las aguas superficiales (ríos y lagos, fundamentalmente). Y para ello prevé prohibir de forma paulatina todo vertido contaminante o peligroso en un plazo de veinte años.

Una vez que esta prohibición sea realidad, la Comisión Europea ha previsto una actualización constante de la lista de sustancias peligrosas, para evitar que la industria sortee la prohibición generando nuevos productos. La actualización se realizará cada cuatro años.

Otro asunto clave de esta directiva es el precio del agua. El texto fija el principio de "quien contamina paga", pero, además, también persigue que en el precio del agua repercuta todo el proceso de extracción y depuración, algo que supondría un enorme encarecimiento en países como España, donde el agua es un bien escaso.

En este sentido, los países del sur han logrado flexibilizar este principio y que el texto tenga en cuenta "los efectos sociales y económicos" y "las condiciones geográficas y climáticas afectadas". De esta forma, el agua en España no alcanzaría precios prohibitivos.