El PP impone la tramitación urgente de la Ley de Extranjería

Sensibilidad

El PP utilizó ayer su mayoría absoluta para aprobar en la Mesa del Congreso que la Ley de Extranjería se tramite por la vía de urgencia. El PSOE y CiU se opusieron. Posteriormente, en la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, también mostró su rechazo. La oposición vivió con irritación este episodio porque una y otra vez ha solicitado al Gobierno que no acelere la reforma de esa ley sino que su tramitación ordinaria sirva para evaluar los efectos de la que actualmente está vigente -aprobada con todos los votos de la oposición y el rechazo del PP- y que los cambios sean fruto de un análisis sosegado. "No había necesidad de imprimir el carácter de urgencia a esta ley, que necesita mucho diálogo; el Gobierno ya no puede decir que quiere el consenso", dijo la diputada socialista Amparo Rubiales, vicepresidenta segunda del Congreso. "Mal comienzo de curso parlamentario", apostilló. El martes comienza el nuevo período de sesiones.

Los grupos parlamentarios tienen a partir de hoy ocho días para presentar enmiendas al texto enviado por el Gobierno a la Cámara, aunque la oposición utilizará todos los instrumentos que permite el Reglamento para impedir el acortamiento de los plazos.

La controversia está asegurada entre el PSOE y el Gobierno si a través del Grupo Parlamentario Popular la reforma proyectada por el Gobierno sigue adelante y, además, a toda prisa.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer al presidente del Ejecutivo, José María Aznar, que demuestre su "sensibilidad" ante el fenómeno de la inmigración y propicie un pacto que implique a las fuerzas políticas, a los empresarios y a las ONG para abordar el asunto. Zapatero hizo esta petición ante los parlamentarios socialistas.Por su parte, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, ha propiciado un encierro voluntario en el Monasterio de Piedra (Zaragoza) con los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces parlamentarios para impulsar un nuevo Reglamento del Congreso, empantanado desde hace una década por las discrepancias entre el PP y el PSOE.