El fiscal no ve violación de derechos en la sanción de UGT a un cargo sindical

La Fiscalía no apreció vulneración alguna de la libertad sindical de Francisco Povedeno, secretario de Federación de Servicios Públicos de la UGT de Málaga, en la sanción de seis meses de suspensión de militancia que le impuso la central obrera por irregularidades en el manejo de los fondos de la FSP. En la vista celebrada ayer, Povedano argumentó que el castigo dispuesto por la comisión de garantías confederal en su contra es una "represalia" y supone una violación de sus derechos fundamentales.

Aunque queda pendiente la declaración de dos testigos, el juicio quedó ayer visto para sentencia. Durante la vista, se puso en evidencia el giro radical de la Fiscalía y las posturas encontradas que mantuvieron los tres letrados del sindicato que representaban a la confederación, a UGT Andalucía y a la FSP. El fiscal -que al comienzo del juicio veía "indicios de represalia sindical"- en sus conclusiones pidió la desestimación de la demanda presentada por el líder de la FSP malagueña contra UGT por vulneración de sus derechos fundamentales porque "no existe móvil lesivo de la libertad sindical".La defensa de Povedano esgrimió que la sanción fue una represalia y que en el expediente se violaron garantías procesales.

El abogado de la UGT confederal intentó refutar la acusación de represalia sindical con el argumento de que de las cinco causas por las que el anterior secretario provincial del sindicato, Juan Antonio Triviño, denunció a Povedano, la comisión de garantías sólo estimó una: las irregularidades en el manejo de los fondos de formación. La suspensión de militancia fue dispuesta porque pese a que los estatutos de UGT establecen que toda actividad económica que realice el sindicato debe ser gestionada de forma directa por la organización, Povedano contrató cursos de formación que fueron cobrados directamente por la academia Sustrebla. El demandante justificó esta actuación en que no podía emitir factura al carecer de licencia fiscal.

El letrado de la FSP fue el único de los tres de la UGT que se plegó a las fundamentaciones de Povedano y sostuvo que sí existió vulneración de la libertad sindical. El del sindicato a nivel andaluz alegó falta de legitimación en el proceso. Triviño, incidió en que la comisión de garantías constató otras irregularidades al margen del uso anómalo de los fondos, pero que a unas las dio por prescritas y a otras no las consideró faltas. Además, criticó que 96 documentos, entre ellos unas cintas de supuestas escuchas ilegales, que se aportaron al expediente, no fueron entregadas al juzgado por el sindicato. Povedano ha cumplido un mes de la sanción, paralizada a la espera del fallo.