La mayoría de televisiones locales valencianas subsisten en plena irregularidad jurídica

La Dirección General de Comunicación de la Generalitat tiene censadas 127 televisiones locales, sin embargo más de la mitad de ellas, 79, que emiten por ondas terrestres, subsisten en plena irregularidad jurídica, puesto que no cuentan con la preceptiva licencia de emisión que exige la ley de Televisión Local por Ondas Terrestres de 1995 aprobada por el último Gobierno socialista. Los sucesivos gobiernos del PP no han aprobado el reglamento que desarrolla dicha ley ni han fijado el cupo de emisoras que le corresponde a cada comunidad autónoma, y actúan con permisividad.

El fenómeno de las televisiones locales en el País Valenciano apareció en la segunda mitad de los años ochenta con cierto retraso con respecto a otras comunidades autónomas. De hecho, cuando en 1984 empezó a emitir Tele Carlón de Benicarló, en Cataluña ya funcionaban 40 emisoras. Diez años después, en 1994, había censadas 45 emisoras en todo el territorio valenciano, compartiendo el espacio de las ondas terrestres con los dos canales de TVE, además de Canal 9, que empezó a emitir en 1989, y con TV3, cuya recepción fue propiciada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La mayoría de estos medios de proximidad eran municipales, mientras que las emisoras privadas, salvo casos excepcionales como Tele Elx y Torrent Cable, tenían una débil estructura empresarial y financiera. Lo cierto es que muchas de las privadas funcionaban como videoclubs comunitarios o emitían sólo durante las fiestas de los pueblos.La situación empezó a cambiar tras la llegada del PP a la Generalitat en 1995. El crecimiento de las emisoras ha sido espectacular durante el último lustro ya que han aparecido 82 nuevas emisoras, la mayoría de ellas privadas. Actualmente hay 127 televisiones locales censadas por la Dirección General de Comunicación de la Generalitat. De éstas, 66 están ubicadas en la demarcación de Alicante, 35 en Valencia y 26 en Castellón. A nivel nacional emiten 741 televisiones locales, según el último recuento realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) con sede en Madrid, siendo la valenciana la tercera comunidad con más emisoras por detrás de Andalucía y Cataluña, y Alicante la segunda provincia española después de Barcelona.

Sin embargo, del total de las televisiones valencianas censadas sólo 55 han proporcionado a la AIMC una ficha informativa detallada con las características técnicas y localización de la emisora, por lo que se desconoce en qué situación se encuentran las 72 restantes. Con todo, la investigación de la AIMC ofrece una radiografía bastante fiable del sector.

Estas cifras revelan la importancia y la vitalidad de este sector audiovisual, pero esconden una dura realidad. Todos los medios de emisión por ondas terrestres subsisten en plena irregularidad jurídica. Ninguno tiene la preceptiva licencia de concesión administrativa de frecuencia de emisión, según establece la todavía vigente Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres de 22 de diciembre de 1995, aprobada por el último Gobierno socialista. Los sucesivos gobiernos del PP no han aprobado el reglamento que desarrolla dicha ley, ni tampoco han fijado el cupo de emisoras que le corresponde a cada comunidad autónoma, por lo que los gobiernos regionales no han podido convocar los concursos de adjudicación de frecuencias. "Este panorama jurídico es el mismo en toda España. Ninguna televisión local dispone del preceptivo título habilitante que le permitiría legalizar su situación", afirma Pilar Soler, jefa de servicio de la Dirección General de Comunicación.

Esta situación de ilegalidad, que goza de la permisividad de la Administración, afecta sobre todo al régimen de gestión y al ámbito de cobertura. Según la citada ley, la difusión de las televisiones debe ser estrictamente municipal, pero en el País Valenciano hay al menos 32 emisoras cuya área de cobertura es comarcal, según la AIMC. Dicho texto legal regula también que se concederá sólo una licencia de emisión por cada municipio, dando preferencia a las peticiones de los ayuntamientos frente a empresas privadas, aunque deja la puerta abierta para otorgar un máximo de dos concesiones si el espacio radioeléctrico del municipio lo permite. Paradójicamente tampoco se cumple este precepto, ya que hay poblaciones que superan el cupo. Elche y Valencia cuentan con cuatro televisiones locales, mientras que el número llega a tres en Castellón, Sagunto, Aspe y Benidorm. La contradicción es todavía mayor en Valencia donde las emisoras existentes son privadas y el Ayuntamieno ha renunciado a crear su propia televisión pública. Además, la ley descarta la gestión mixta (pública y privada), pero en Orihuela, Calpe y Villafranca del Cid funcionan tres en este régimen.

Llegados a este punto, cabría preguntarse por qué la Administración tolera esta situación, que a su vez propicia inseguridad empresarial y laboral en estos medios. Para Rafael Xambó, profesor de Sociología de la Universidad de Valencia y experto en comunicación, la explicación es obvia: "La inestabilidad jurídica favorece la arbitrariedad del poder porque permite decidir quién emite y quién no, es decir da pie a la persecución por parte de las autoridades mediante fuertes multas o cierres de emisoras". Un caso significativo fue la orden de cierre de Berca TV, la televisión municipal de Algemesí, municipio gobernado por el PSPV. El Ministerio de Fomento decretó en febrero de 1998 el cierre de la citada emisora y una sanción de un millón de pesetas, alegando que utilizaba "frecuencias radioeléctricas sin preceptiva asignación de las mismas por la Dirección General de Comunicaciones", una situación que paradójicamente sufre el resto de televisiones. Pero el motivo real, en opinión del director de la emisora, Josep Machí, es el apoyo que prestó Berca TV a ACPV en el conflicto que mantenía con el entonces director de Canal 9, Jesús Sánchez Carrascosa, por las interferencias que según ACPV provocaron técnicos de la cadena autonómica a las emisiones de fútbol de TV3 en Valencia. Algemesí interpuso un contencioso contra el ministerio y finalmente, en marzo de este año, la Audiciencia Nacional ha anulado la orden de cierre y la multa.