La ley de Carreteras regula el dominio público viario y prohíbe edificar en las zonas cercanas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Carreteras, cuya principal novedad es la regulación del dominio público viario, concepto jurídico que comprende tanto las carreteras como las áreas adyacentes, donde se prohíbe construir más cerca de 50 o 100 metros, según la categoría de la vía. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, explicó que otro de los puntos básicos de la normativa es la creación de una comisión de seguridad vial, con las administraciones implicadas, que evaluará de manera permanente los puntos negros.

Restaurar daños

En una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la primera del curso político, Concepción Gutiérrez dijo que la Junta de Andalucía se dota con esta ley de un marco jurídico propio, respetando el ámbito nacional, para atender a las necesidades de la comunidad. La principal novedad, según la consejera, es la regulación del dominio público viario, que abarca tanto a las carreteras como las zonas adyacentes. En este sentido, se establecen áreas en las que está prohibido construir, con franjas de 100 metros para las vías rápidas, 50 en las convencionales y 25 en el resto. El área de titularidad pública adyacente será de entre seis y ocho metros.Gutiérrez destacó también que el proyecto clarifica la titularidad y competencias de cada administración sobre la red de carreteras, y establece una distintición entre las de interés de la comunidad y las de interés provincial. Las primeras, a cargo de la Junta, están integradas por la red principal (básica, intercomarcal y complementaria) y la red metropolitana, que circundan las grandes ciudades. La segundas son competencia de las diputaciones, y abarcan la red comarcal y la red local.

La consejera explicó que la ley no ha elaborado un catálogo de la titularidad de cada carretera, que puede ser flexible: "Aunque parezca una materia muerta, está muy viva, porque la catalogación varia según el uso de las vías, que fluctúa por otros factores. Lo que se ha hecho es establecer mecanismos para ir adecuando la red a las necesidades que surjan".

En cuanto a la financiación, se creará el Fondo Andaluz de Carreteras, destinado a mejoras y conservación, que se nutrirá, entre otros ingresos, de la explotación de las carreteras, del derecho de aprovechamiento urbanístico que corresponda a los terrenos de la red viaria, del patrimonio que se adscriba y del cobro de sanciones.

Éstas oscilan entre las 25.000 pesetas y los 20.000.000 pesetas, pero la consejera puntualizó que lo más importante es la figura de la restauración, que obliga a quien ocasione cualquier tipo de daño a repararlo de inmediato.En cuanto a la seguridad, se pondrá en marcha una comisión de seguridad vial, con participación de todas las administraciones implicadas, que se encargará de realizar una "evaluación permanente" para detectar los tramos de concentración de accidentes, conocidos como puntos negros, y desarrollar programas para su eliminación.

Las obras también merecen un capítulo especial, ya que se añaden otros dos nuevos controles al informe que actualmente es obligatorio para los contratistas. Por último, el proyecto fija tres tipos de planes: el Plan General de Carreteras, los planes provinciales y los planes sectoriales y territoriales. De otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó tres decretos que actualizan el régimen legal del parque de viviendas de promoción pública. Destaca uno que facilita el acceso a la propiedad para los arrendatarios de viviendas de promoción pública, del que se beneficiarán más de 4.000 familias que viven de alquiler. Este decreto, que refunde otros dos anteriores de 1995 y 1999, actualiza los requisitos para comprar las viviendas e introduce criterios como la regularidad en el abono de las rentas y la posibilidad de que estas cantidades sean deducidas en el precio final de compra.