El Gobierno admite que subastar las licencias de UMTS le habría facilitado el Presupuesto de los próximos años

El Gobierno español reconoció ayer por primera vez que unos mayores ingresos por las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) habrían permitido reducir la deuda pública que amordaza cada año los Presupuestos del Estado. Una recaudación billonaria por los nuevos móviles "habría dado sostenibilidad a Presupuestos futuros", admitió la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez. España, con el procedimiento del concurso, recaudó sólo 86.000 millones de pesetas por cuatro licencias UMTS, mientras que en Alemania se ingresaron 8,4 billones por seis licencias. La secretaria de Estado calculó que las arcas públicas se habrían ahorrado 200.000 millones de pesetas anuales en intereses de deuda si las licencias hubieran costado cuatro billones."Cuatro billones de pesetas al 5% [de interés] dan como resultado 200.000 millones de pesetas de intereses menos cada año y con ese dinero se podrían hacer muchas cosas", indicó Rodríguez. La hipótesis de cuatro billones de pesetas de ingresos procede de trasladar la media de lo conseguido en Inglaterra y en Alemania a la población española.

No obstante, la secretaria de Estado previno contra la tentación de hacer "las cuentas de la lechera" con partidas económicas que no se han recaudado. El Gobierno está estudiando aprobar alguna medida que reporte ingresos adicionales por las licencias, aunque Rodríguez no concretó cuál prosperará. En una entrevista publicada el pasado lunes en este periódico, la secretaria de Estado consideraba que era pronto para decir que España había perdido dinero con las nuevas licencias de móviles.

Lejos de confiar en que la solución del Gobierno logre recuperar lo ya perdido, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) calificó ayer de "auténtico negocio" la concesión de licencias en España. Para la CECU, haber optado por el concurso no supondrá un beneficio para los consumidores, como argumenta el Gobierno. "Al final seguiremos pagando lo mismo o más que en otros países", señaló ayer a Servimedia Antonio López, portavoz de esta asociación.

Por su parte, la Unión de Consumidores de España exigirá al Gobierno que cumpla "escrupulosamente" las condiciones del concurso, especialmente que el servicio esté disponible en las principales ciudades españolas el 1 de agosto de 2001.