El proyecto de construcción de cinco torres de 16 plantas en El Rincón indigna a la oposición

Legalidad dudosa

Rincón de la Victoria es un municipio costero del área metropolitana de Málaga que casi ha duplicado su población en los últimos diez años. Este pueblo, que vive del turismo, se ha convertido además en ciudad dormitorio para muchos habitantes de la capital. La política urbanística del gobierno municipal, integrado por PP y PA, está levantando agrias protestas de asociaciones de vecinos y de la oposición municipal, preocupados por lo que consideran un planteamiento urbanístico "desarrollista".La última polémica ha surgido a raíz de un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José María Gómez Muñoz (PP), con la promotora madrileña Veganarcea S. A. para la construcción de cinco torres de 16 plantas y otros 24 edificios de ocho plantas en la Huerta Julián, una parcela de 118.000 metros cuadrados situada en pleno centro de la ciudad y en segunda línea de playa. Semejante proyecto ha provocado inquietud incluso en el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Para hacer posible la construcción de bloques de tal entidad, el equipo de gobierno se ha visto obligado a modificar las ordenanzas municipales referidas a la altura de las edificaciones, ya que la altura máxima prevista en el Plan General de Ordenación Urbana era de cinco plantas.

El equipo de gobierno justifica esta modificación en la necesidad que tiene el municipio de zonas verdes (de hecho, la única que hay actualmente es la Plaza del Señorío, un espacio de poco más de una hectárea donde el ayuntamiento pretende instalar un aparcamiento subterráneo de tres plantas, proyecto que ha provocado que los vecinos se alcen en pie de guerra).

Así, según los cálculos del gobierno municipal, si se permite que los bloques tengan esa altura, el municipio ganaría 12.000 metros cuadrados en zonas verdes. A cambio, la promotora ha logrado duplicar el porcentaje de edificabilidad de la parcela (de 60.000 metros cuadrados pasa a 120.000).

El proyecto se aprobó en un pleno extraordinario con los votos de PP y PA. Sin embargo, el PSOE de Rincón ha impugnado la sesión plenaria ante los tribunales por considerar que la convocatoria del pleno se hizo sorpresivamente para impedir la capacidad de respuesta de la oposición.

El convenio urbanístico en que se basa el proyecto se justifica en la "dificultad" que, según ambas partes, presenta la parcela para que sea rentable construir en ella. El Ayuntamiento, según el texto del convenio, pretende crear en ella "un gran espacio libre superficial, un equipamiento de parque urbano", y considera que eso merma la posibilidad de los promotores de obtener beneficios.Sin embargo, la solución pactada no ha recibido la aprobación del arquitecto municipal, que en su informe preceptivo advierte de que "la parte de zona verde que obligatoriamente ha de servir de acceso a algunos de los bloques [...] pierde el carácer conceptual como tal zona verde", y recomienda que "debido al incremento progresivo de población y previsiones futuras, así como al déficit de dotaciones existente [...], se disponga de toda la superficie de la parcela con el fin de destinarla a equipamiento y zonas verdes".

La falta de equipamientos de todo tipo que presenta el municipio es uno de los argumentos que emplea el PSOE para oponerse al proyecto. "La construcción de esos edificios va a suponer la llegada de no menos de 4.000 nuevos vecinos. El equipamiento de centros de salud, escuelas, instalaciones deportivas y zonas verdes ya es deficitario con la población actual (20.629 habitantes de derecho), y no se ha previsto equipamiento adicional alguno", recuerda el portavoz socialista, José Jesús Domínguez Palma.

El PSOE también denuncia que las inversiones que la promotora se ha comprometido a llevar a cabo en el municipio como pago del aumento de edificabilidad no van a repercutir en el disfrute público. "De los 825 millones que la promotora se ha comprometido a pagar, sólo 255 son realmente para obras públicas, porque en ellos se incluye la urbanización de la parcela y los viales de acceso, y también las zonas verdes privadas, algo que por ley le corresponde hacer al promotor", señala Domínguez.