Las muertes en el tramo de Granada de la A-92 superaron en 1999 las registradas en siete años

Mantenimiento en Cádiz

El número de accidentes mortales en la A-92 a su paso por Granada se disparó en 1999. El mal estado de la autovía que enlaza Sevilla con Almería se cobró en 1999, sólo en la provincia de Granada, 43 muertes en 436 accidentes, ocho fallecidos más que en los siete años anteriores juntos (35), según datos difundidos ayer por el PP, que citó fuentes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil.El diputado nacional del PP Eugenio Castillo calificó los 200 kilómetros de esta carretera que discurren por Granada como "el tramo más peligroso de Europa" y aseguró que desde la creación de la autovía, en 1992, el número de accidentes y muertes "ha aumentado cada año en progresión geométrica". Castillo atribuyó la alta siniestralidad del tramo a defectos en el diseño de la carretera y aseguró que la solución "pasa por un nuevo trazado".

Las cifras del PP señalan que en el periodo 1992-1998 se produjeron en la A-92, sólo en la provincia de Granada, 158 accidentes con un resultado de 35 muertos, 80 heridos graves y 120 leves. Según los populares, el número de accidentes de 1999 casi triplicó al de los siete años anteriores: 436 siniestros, con 43 fallecidos, 245 heridos graves y 501 leves.

Los 436 accidentes registrados en el tramo granadino durante 1999 suman el 54% de los 801 ocurridos en toda la A-92 ese mismo año y las muertes significan el 62% de un total de 69. Por Granada discurren la mitad de los aproximadamente 400 kilómetros que tiene la autovía.

El presidente del PP de Granada, Juan de Dios Martínez Soriano, aseguró que la mayoría de los accidentes se producen siempre en los mismos puntos conflictivos de la carretera, "algunos de los cuales se acabaron de arreglar en 1999". Entre otros puntos, Martínez Soriano citó uno de 41 kilómetros, entre la salida de Huétor Santillán y Fuensanta, que durante 1999 registró 153 accidentes con catorce muertos.

Los populares atribuyen la siniestralidad a un diseño defectuoso del trazado, al mal estado del firme y a la falta de señalización de la carretera, gestionada por la Junta de Andalucía. El PP anunció que su grupo en el Parlamento de Andalucía promoverá iniciativas para que se acelere el trabajo.

Los servicios de conservación de vías en la provincia de Cádiz, dependientes de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, cuentan este año con una partida presupuestaria de 100 millones de pesetas para la conservación y el mantenimiento de toda la red de carreteras del Estado en Cádiz.Técnicos del organismo confirmaron hace unos días este dato al alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (PSOE), quien calificó de "pírrica y ridícula" la cantidad, destinada a reponer el pavimento de las vías en peor estado, el pintado de las líneas, las señales informativas, las de protección y la limpieza de cunetas.

Barroso, que denunció el miércoles la congelación, por parte del Gobierno, de las principales obras pendientes en la provincia de Cádiz hasta el año 2002, como recoge un informe elaborado por la consultora ETT, sostuvo que estos datos "demuestran" la "escasa" apuesta inversora del PP en Cádiz. "Es un ejemplo más del olvido y abandono del Gobierno en materia de carreteras con Cádiz y el poco peso político y moral de Teófila Martínez [alcaldesa de la capital y presidenta provincial del PP]", denunció.

Martínez reconoció el aplazamiento de estas obras hasta 2002 y justificó al Gobierno: "Se está cumpliendo con la legalidad de todos los trámites administrativos". A renglón seguido, arremetió contra Barroso y contra el PSOE. Al primero acusó de adoptar una actitud "contradictoria". "Antes no quería el puente, y ahora mete prisa para que lo hagamos", dijo.

A los dirigentes del PSOE les acusó de "hurtar" el debate político de la comunidad, mientras que al presidente andaluz, Manuel Chaves, responsabilizó de "desidia y dependencia de Madrid". Martínez concluyó asegurando que ella, si llega a la presidencia de la Junta de Andalucía, no necesitará de la tutela del Gobierno central para emprender actuaciones con los recursos propios de la comunidad autónoma.