Firmeza y diálogo no son incompatibles

Frente al terrorismo no hay otra vía que la resistencia inteligente, cada cual cumpliendo con su deber: jueces, políticos, policías. Es lo que ayer hicieron diversas instancias con responsabilidad en ese campo. Ante el disparate de un ayuntamiento cediendo sus locales para homenajear a un terrorista muerto cuando intentaba matar, en una decisión que el propio alcalde ha achacado a la coacción ejercida sobre los ediles, se han movilizado quienes tenían la posibilidad de hacerlo para intentar anular esa decisión a todas luces ilegítima. Y el ministro del Interior, de acuerdo con el primer partido de la oposición, ha decidido convocar a los representantes de todos los grupos parlamentarios, incluyendo un PNV en el que cada vez son más y más potentes las voces críticas con Lizarra, a fin de intentar recomponer la unidad de las fuerzas democráticas contra el terrorismo.El PNV ha mostrado su desacuerdo con la actitud de sus concejales de Markina, pero ni el Gobierno que preside en Vitoria ni el partido como tal han tomado ninguna medida en relación a esa actitud. El presidente del PNV de Vizcaya, Íñigo Urkullu, explicaba el jueves en el diario Deia que la decisión de los concejales se había debido a la "presión y coacción" de que habían sido víctimas por parte de personas que incluso se presentaron "en casa del alcalde y en el caserío de su mujer" y que tuvieron a todos los ediles "medio secuestrados en el Ayuntamiento", instándoles a "convocar un pleno". Ayer, ese mismo dirigente argumentaba que "el mal ya está hecho", para justificar su pasividad. También dijo que quizás "sería peor el remedio que la enfermedad". Sin embargo, ese argumento es el que ha llevado al nacionalismo y las instituciones que dirige a un continuo retroceso y al correlativo envalentonamiento de la minoría violenta, que ya considera un derecho vulnerar la ley y no democrática cualquier decisión que contradiga sus deseos.

No es cierto que no se pueda hacer nada. Por una parte, el Tribunal Superior del País Vasco acordó ayer la suspensión cautelar del acuerdo del pleno -adoptado con los votos de PNV, EA y EH- , en rápida respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado ayer mismo por la Delegación del Gobierno en Euskadi. El recurso invocaba el artículo 66 de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre extralimitación competencial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha abierto diligencias para establecer si ha habido algún delito: de apología del terrorismo, colaboración con banda armada o amenazas.

La convocatoria del ministro Mayor Oreja a los grupos parlamentarios, incluyendo el del PNV, supone una rectificación inteligente de la actitud seguida hasta ahora por Interior, incluyendo la escasa receptividad hacia la propuesta del PSOE de contactos en el ámbito parlamentario. Es cierto que el PNV todavía no se ha salido de Lizarra, y que Joseba Egibar reprende a los que, como Iñaki Anasagasti, dicen que sería hora de hacerlo; pero la misma actitud de éste indica que la marea crítica ha llegado ya muy arriba, y no sería sensato ignorarlo. Seguir condicionando el diálogo -que no es lo mismo que el acuerdo- a la ruptura formal con Lizarra es posible que sólo favorezca hoy a los sectores más fundamentalistas del PNV. El hecho de que la reunión se haya planteado con los grupos parlamentarios significa, además, que el interlocutor será en principio Anasagasti, lo que hace más fácil la reanudación del contacto.

La iniciativa parece, por tanto, oportuna. ¿Es también acertada, coherente con la necesaria firmeza? El tiempo lo dirá, pero seguramente sí lo es. El PNV es un partido de tradición democrática que ha dado un paso equivocado: el de apostar por una vía de acercamiento al nacionalismo antidemocrático que excluía a la mitad de la población y suponía aceptar el chantaje de ETA respecto a la impugnación del Estatuto. Así lo consideran ya la mayoría de los nacionalistas que han criticado la deriva soberanista. Por otra parte, aunque lo que mueve a ETA es sobre todo el afán de garantizarse su continuidad organizativa, no es sólo una mafia; necesita un pretexto político, y ninguno tan precioso como que el nacionalismo democrático diga compartir unos fines (independencia e incorporación de Navarra y País Vasco francés) que, hoy por hoy, a la vista de los resultados electorales, sólo podrían alcanzarse mediante la coacción. ETA se considera legitimada para ejercerla.

Acabar con esa legitimación es condición necesaria, aunque insuficiente, para que ETA desista, y de ahí el interés por recuperar al PNV para el consenso democrático, que en la práctica sólo puede darse en torno al principio autonómico. Mientras no rompa definitivamente con Lizarra será difícil avanzar en acuerdos, pero hoy se favorece más una evolución en ese sentido desde el diálogo que desde el aislamiento.