Responsabilidad local

Los ayuntamientos deberían intensificar los controles y los usuarios denunciar más. Esa es la opinión de Isabel Andújar, jefa del servicio de salud en Málaga, para quien el reparto de competencias entre la Junta y los municipios no es óbice para que se garantice el cumplimiento de la norma. "Si hay base para sancionar o para disponer el cierre cautelar, el alcalde tiene competencias como autoridad sanitaria. Esa autoridad conlleva responsabilidad", apuntó. El reglamento afecta a las piscinas de uso colectivo y de urbanizaciones con más de 20 viviendas. Quedan excluidas las de uso familiar o plurifamiliar que estén por debajo de esa cifra, las de baños termales, centros de hidroterapia, las de uso médico o de competiciones deportivas. Las sanciones pueden ser de hasta medio millón por infracciones leves, de 500.001 pesetas a 2.500.000 millones para las graves y desde esta cantidad hasta 100 millones para las muy graves. En este último caso, se puede acordar el cierre por un máximo de cinco años. Todas las que tengan una lámina de agua de más de 200 metros cuadrados deberán tener un servicio de socorristas.