La Comunidad de Madrid regulará por ley los contenidos de la televisión

¿Tiene Tómbola los días contados? El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elaborado un proyecto de ley sobre contenidos audiovisuales cuyo objetivo es "conseguir una programación de calidad" en el ámbito de la autonomía. El texto no especifica los instrumentos para erradicar de las pantallas la telebasura ni las sanciones a las cadenas que no alcancen un mínimo de calidad en su oferta. Sí deja claro que la norma se aplicará al canal público autonómico (Telemadrid) y a las televisiones digitales terrestres concedidas por la comunidad.

Contraprogramación

El proyecto de ley de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales elaborado por el equipo del presidente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), pretende defender "los intereses legítimos" de los espectadores y conseguir una programación "de calidad" tanto en los canales de titularidad autonómica (Telemadrid) como en las televisiones privadas cuya licencia de emisión sea otorgada por la Comunidad. A este último bloque pertenecen, por ejemplo, los dos programas de televisión digital terrestre adjudicados en noviembre de 1999 a Prensa Española (editora del diario Abc) y a Retevisión (Quiero).Aunque el texto no explica lo que el Gobierno del PP entiende por "programación de calidad", se especifica que deberá respetar el pluralismo político, religioso, social y cultural, así como el honor, la fama y la vida privada de las personas. Asimismo propugna la objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones, aboga por la protección de la juventud y la infancia y pone freno a los programas que fomenten "el odio, el desprecio o la discriminación". Las cadenas que no cumplan estos principios podrán ser sancionadas con multas de hasta cien millones de pesetas.

Además de vigilar los contenidos, el PP quiere erradicar la contraprogramación. El proyecto de ley obliga a las empresas de televisión a facilitar con 11 días de antelación el listado de sus programas. Las cadenas nacionales cumplen esta obligación desde hace meses. El proyecto de ley regula también la televisión por cable. Obliga a los operadores a reservar a los programadores independientes el 40%, como mínimo, de los canales distribuidos por su red. Los cableoperadores, a su vez, deberán informar del número de abonados y de la audiencia de sus canales.

Uno de los aspectos más polémicos de este proyecto de ley es la creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Teóricamente se trata de una autoridad reguladora e independiente del Gobierno. Así ocurre, por ejemplo, en Francia. "En Madrid, el consejo del PP queda reducido a un mero órgano asesor con funciones de arbitraje", se queja la socialista Alicia Acebes.