El capitán y los cuatro oficiales del 'Unity XI' pasan a disposición judicial

El capitán del buque Unity XI, el ucarniano Mykhailo Zholnyrenko, y sus cuatro oficiales deberán declarar en las próximas horas ante el juez de San Sebastián acusados de cometer un presunto delito de inmigración ilegal. En el barco que capitaneaba Zholnyrenko viajaban 46 polizones, ocho de ellos menores de edad, que se lanzaron al gua el miércoles cuando el mercante llegaba al puerto de Pasaia. Las autoridades han expulsado de España a todos los inmigrantes adultos y les han devuelto a Casablanca.

Un total de 38 de los 46 polizones que llegaron el miércoles a Pasaia han realizado un viaje de ida y vuelta. Partieron de Casablanca embarcados en un mercante con chatarra y han sido devueltos en un ferry con billete pagado por el Gobierno español.No lograron su objetivo de llegar a las costas andaluzas para trabajar en los invernaderos, tal y como relataron algunos de ellos. Fueron protagonistas de una pesadilla en el buque capitaneado por Zholnyrenko. Estuvieron cerca de 10 días sin probar alimento y llegaron al puerto guipuzcoano con síntomas de desnutrición y algunos de deshidratación. Tras un incidente con el capitán y los oficiales, uno de ellos ingresado ayer en un centro sanitario de San Sebastián por una dolencia, se vieron obligados a arrojarse del buque mientras éste estaba fondeado a una milla de la bocana del puerto de Pasaia.

El capitán no será acusado de haber incumplido el derecho marítimo internacional por no revelar la presencia de polizones, ya que la policía no cree que los 46 hombres viajaran en el buque sin ser descubiertos. La acusación será de un presunto delito de favorecer la inmigración ilegal.

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha protestado ante la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa y ante la Delegación del Gobierno para la Inmigración por el hecho de que no se permitiese a los 46 polizones recibir asistencia letrada. Múgica cree que, con independencia de los convenios suscritos entre Marruecos y España, deberían aplicarse las "garantías que exige el ordenamiento jurídico". El Defensor del Pueblo expresó su disconformidad con la actuación de los representantes gubernamentales en este caso.

Los abogados del turno de oficio de Extranjería Miguel Ángel García Larreiba y Mikel Mazkiaran, del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, que han acusado a la Subdelegación del Gobierno por incumplir la ley, tratarán de evitar que se archive y llegue a la Audiencia para que se pronuncie sobre este caso. Los ocho menores, de edades entre 14 y 17 años, permanecerán en Guipúzcoa hasta su mayoría de edad.