Hacer real lo que es legal
La transición a la democracia en México que ahora culmina ha sido extraordinariamente larga. El tradicional modelo económico intervencionista y proteccionista que se estableció desde los años treinta se agotó hace ya años, en 1982, mientras que la situación de crisis política abierta data al menos de 1988, una fecha situada casi en el apogeo de una oleada mundial de democratizaciones que ha tenido efectos muy retardados en aquel país. El régimen del PRI fue capaz de resistir el cambio en mayor medida que otras dictaduras precisamente por su relativa blandura e inclusividad. Junto a la persecución de los disidentes y opositores y el sistemático fraude electoral, el PRI también se sostuvo en el poder gracias a los resultados económicos y sociales de sus Gobiernos, los cuales incluyeron una tasa media anual de crecimiento del seis por ciento durante cuarenta años, el reparto de tierras a los campesinos y una amplia red de clientelas, corporatismos y favores oficiales. El PRI consiguió durante muchos años la aquiescencia pasiva de sus súbditos y la adhesión activa de algunos de ellos, aún sin democracia, mediante los logros sustantivos de su gestión.El régimen priísta ha sido un hiperpresidencialismo con una enorme concentración de poder en manos de los sucesivos dictadores unipersonales temporales. Por ello, completar la democratización requería en este caso más un cambio de actores que de leyes. Mientras que legalmente la República de los Estados Unidos Mexicanos está organizada según un esquema de amplia división de poderes propio de un régimen pluralista y federal, en los hechos el presidente era el único legislador y el máximo ejecutivo; desde la época de Lázaro Cárdenas era también jefe del partido con poderes para nombrar personalmente hasta 18.000 cargos públicos con sueldo y 25.000 cargos electivos con victoria asegurada; como es sabido, hasta que el presidente saliente, Ernesto Zedillo, "se cortó el dedo" ejercía incluso el poder de nombrar a su sucesor.
Todas las vías típicas de transición pacífica a la democracia fueron ensayadas en México, con poco éxito, en los últimos doce años. Primero, la elección presidencial de 1988 estuvo a punto de provocar el colapso súbito del régimen por victoria de la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el escándalo por el fraudulento recuento de votos fue sofocado mediante la difusión del miedo a un choque civil y los apropiados sobornos a los diversos partidos de la oposición. Después, el presidente Carlos Salinas (1988-1994) impulsó una reforma gradual que incluyó la liberalización y la apertura exterior de la economía, así como nuevas medidas de división y captación de sectores de la oposición. Pero el intento de reforma política desde arriba, al tiempo que debilitaba internamente al PRI, exacerbaba aún más el poder del presidente, el cual acabó siendo víctima de ataques violentos desde los dos lados del espectro político: la nueva guerrilla chiapeña y los propios inmovilistas del régimen.
Finalmente, el proceso de los últimos seis años, que ha llevado a la elección con alternancia del 2 de julio, se ha basado en gran medida en negociaciones permanentes entre el PRI y los partidos de la oposición, de un modo comparable a las experiencias de mesa redonda en otros países. Fue precisamente a raíz del levantamiento armado y los asesinatos políticos de 1994 que el PRI suscribió con todos los demás partidos una serie de compromisos y pactos que incluían la creación de nuevos órganos electorales de composición "imparcial, honesta y apta". La criatura más importante de estos acuerdos fue la designación de una mayoría de consejeros "ciudadanos" del Instituto Federal Electoral (IFE) por consenso entre los partidos. El IFE, que ha tenido a su cargo la organización de las elecciones en los últimos años, ha sido una especie de mesa redonda camuflada que ha conseguido que los diversos partidos participaran en los sucesivos comicios según unas reglas del juego previamente definidas, reemplazando así la alquimia y las componendas poselectorales de periodos anteriores. José Woldenberg y los demás consejeros del IFE han introducido nuevas normas y usos electorales que han sido aceptados, más que iniciados, por los partidos, pero que han acabado convirtiéndose en un punto de encuentro parecido al que se ha obtenido a través de un diálogo directo, quizá más costoso, entre rivales políticos en otros contextos.
A medida que México ha ido sustituyendo unas elecciones con reglas inciertas y ganador asegurado por otras con reglas seguras y ganador incierto, el proceso se ha ido acelerando. Desde que el régimen priísta dejó de producir resultados económicos positivos y fue desafiado políticamente en los años ochenta, la misma concentración del poder en que se fundamentaba generó un número creciente de insatisfechos que se fueron convirtiendo en disidentes e hizo cada vez más difícil la integración o la contención de nuevos movimientos de oposición. En los últimos años, las medidas de apertura liberalizadora con intención inclusiva se hicieron cada vez más arriesgadas para los de dentro, mientras que los desafíos desde fuera obtuvieron crecientes expectativas de éxito. En 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de los Diputados, así como la alcaldía de la ciudad de México. Con su abierta y enérgica campaña, la candidatura de Vicente Fox ha conseguido precipitar los cambios de chaqueta y el aislamiento del PRI.
La dictablanda del PRI estaba relativamente menos alejada de la línea divisoria entre democracia y no-democracia que otros regímenes dictatoriales más duros y excluyentes. A lo largo de una transición de casi dos decenios, el régimen adoptó fórmulas semidemocráticas que parecían capaces de ser algo más duraderas que los típicos arreglos transitorios en un cambio de régimen. Pero la extraordinaria concentración del poder real en la presidencia hacía necesaria la alternancia en el palacio de Los Pinos para que pudiera considerarse que México hubiera cruzado la frontera de la democratización. Así como Adolfo Suárez dijo en la España de los setenta que había que "hacer legal lo que era real", en el México oficialmente republicano y pluralista más bien se trata ahora de hacer real lo que es legal.
Josep M. Colomer es profesor de investigación en ciencia política en el CSIC y profesor visitante en la FLACSO de México.
