La Comisión de la Energía advierte sobre la falta de competencia en precios del sector

Los esfuerzos liberalizadores del Gobierno en el mercado eléctrico se han estrellado con la realidad. En junio, el Ejecutivo aprobó un decreto por el que los consumidores conectados a la red de alta tensión -65.000 pequeñas empresas- podían elegir suministrador y negociar rebajas de hasta el 15%, en su factura, desde el 1 de julio. La Comisión de la Energía ha dado la voz de alarma: las pymes no hacen uso de su derecho porque, en su mayoría, lo desconocen. El resultado, según fuentes del organismo, es que el proceso liberalizador sufre un cierto estancamiento.

Capacidad de elegir

Desde la dirección de la Energía, dependiente del Ministerio de Economía, se afirma que aún es demasiado pronto para valorar la situación del mercado, porque el censo de consumidores cualificados cambió su forma de elaboración con el decreto de junio -ahora son las empresas comercializadoras las que emiten el certificado de consumidor con capacidad de elección- y "todavía no hay datos oficiales".La intención del Gobierno al conceder a los usuarios con un nivel de consumo de dos gigawatios/hora -dos millones de kilowatios/hora año- la posibilidad de acudir al mercado para adquirir energía era ahondar en el proceso liberalizador, abaratar el suministro y ampliar la oferta de servicios energéticos. Por el momento, según las fuentes consultadas, el proceso está estancado. Y ello porque falta información. A principios de año, desde el antiguo Ministerio de Industria se lanzó una campaña publicitaria en prensa y televisión en la que se vendía la apertura de un mercado, el eléctrico, hasta entonces cerrado. La campaña, previa a las elecciones generales, fue criticada por la oposición. Desde entonces, no ha habido ninguna otra campaña, más allá de tímidos anuncios en prensa por parte de la Comisión de la Energía.

El resultado, según fuentes de este organismo, es que el proceso liberalizador sufre un cierto estancamiento, y los usuarios que pueden elegir, teóricamente, el 43% del mercado, no lo están haciendo.

El decreto liberalizador del mes de junio establecía además la obligación para los denominados cogeneradores -empresas que producen su propia electricidad y venden excedentes-, que generan más de 50 megawatios/hora año, de poner su producción a disposición del mercado. Pues bien, según ha confirmado la asociación que agrupa a estos grandes cogeneradores, ni uno solo de ellos han cumplido la norma hasta ahora.

El portavoz de la asociación, que agrupa a las sociedades cogeneradoras como Ence, Sniace, Cepsa o Repsol, Ismael González, asegura que el decreto de junio se gestó a espaldas de las empresas; que es de imposible cumplimiento inmediato, y que además hará perder a las compañías cogeneradoras más de 10.000 millones de pesetas "porque el precio de retribución [a las empresas], de nueve pesetas el kilowatio de media, pasará a 6,5 pesetas cuando muchas plantas cogeneradoras aún no están amortizadas". Desde la asociación se planea una campaña publicitaria explicativa, de protesta por la actuación del Gobierno, a partir de septiembre.

Con todo, lo más grave es que, según fuentes de la Comisión de la Energía, los 65.000 nuevos consumidores que desde el 1 de julio tienen derecho a comprar directamente en el mercado su electricidad -o a negociar con la compañía sus pagos-, no lo están haciendo en el número que debieran pese a que su factura media, unos dos millones anuales, podría reducirse entre un 10% y un 15%.

La Compañía Operadora del Mercado Eléctrico (OMEL), que se encarga de gestionar la oferta y la demanda en el mercado eléctrico, sólo dispone de datos sobre los clientes que ejercen su capacidad de elegir hasta junio, antes de la entrada en vigor del decreto. Según dichos datos, hasta junio, el 70% de los 8.000 grandes consumidores con derecho elegir suministrador lo habían hecho.

Sobre el comportamiento de los 65.000 nuevos clientes con teórica capacidad de elección, todavía no hay datos. En cualquier caso, el portavoz de OMEL, Miguel Pérez Zarco, niega que cualquier posible retraso en el proceso liberalizador tenga que ver con el hecho de que la compañía operadora esté participada en un 40% por las cuatro grandes compañías eléctricas, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. Desde la operadora del mercado se destaca, no obstante, que el presupuesto de la compañía -unos 1.000 millones de pesetas anuales- no da para demasiadas alegrías publicitarias.Por su parte, la asociaciónque agrupa a las eléctricas, Unesa, afirma que aún es demasiado pronto para hacer balance del decreto liberalizador aprobado por el Gobierno "por el periodo estival y porque es un proceso estadísticamente lento". "No obstante", señala su portavoz, "la sensación que aquí [en Unesa] existe sobre la evolución del mercado es optimista".