El Ayuntamiento de Cádiz dio certificados a chinos que nunca residieron en la ciudad

ANTONIO HERNANDEZ-RODICIO La policía no duda: los dos detenidos el viernes en Cádiz colaboraban con una mafia para facilitar la regularización de inmigrantes chinos. Algunos certificados del Ayuntamiento sirvieron para personas que nunca residieron en la ciudad y las falsificaciones aumentaron ante el cierre del plazo establecido por la Ley de Extranjería.

Según los investigadores, los detenidos, en ningún caso, actuaron de forma aislada ni por altruismo, como declararon a la policía. Los últimos datos de la investigación, abierta a instancias de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Madrid, han aportado una novedad: algunos de los expedientes de convivencia expedidos por el Ayuntamiento se corresponden con personas de nacionalidad china que nunca han estado en Cádiz, sino que viven en Barcelona y Madrid, fundamentalmente, aunque no se descarta que se hayan tramitado certificados a personas localizadas en otras ciudades.Uno de los detenidos, el empleado municipal J. A. G. C., destinado en el área del padrón del departamento de Estadística, supuestamente, modificó la fecha de llegada a la ciudad de algunas de estas personas para que figuraran con los cinco años de residencia que exige la Ley. También se le acusa de, en algunos casos, fabricar certificados de convivencia -que equivale al acto de empadronamiento en la ciudad y sirve para acceder a la regularización- para personas que nunca han pasado ni siquiera por Cádiz.

Con estos datos, la policía trabaja en establecer hasta dónde llegan los lazos de los dos detenidos en Cádiz con la organización matriz. Hace algo más de un año, la policía abrió una investigación para esclarecer la posible existencia de una mafia china en la provincia de Cádiz, aunque un incidente que derivó en la detención de cuatro turistas japonesas truncó la investigación.

El chino es el segundo colectivo extranjero más numeroso en la provincia de Cádiz, tras el marroquí. Hay un dato oficial que no deja de sorprender a las autoridades: en los últimos 20 años no ha muerto ninguno de los chinos residentes en la provincia, por lo que se inclinan a pensar que disponen de las infraestructuras necesarias para sustituir la identidad y los documentos de los posibles fallecidos por los de otros ciudadanos de aquel país que permanecen España en situación irregular.

Personas relacionadas con el caso han informado de que el otro detenido, M. B. G., también en libertad con cargos por actuar supuestamente en connivencia con el empleado municipal y ejercer de enlace con los inmigrantes, desempeñaba un papel activo en todo el proceso. Las mismas fuentes cifran en 50.000 pesetas la cantidad que podía percibir J. A. G. C. por cada expediente que falseaba. Este trabajador laboral del Ayuntamiento declaró a la policía en el momento de su detención que le había tocado la lotería y, en cualquier caso, negó haber recibido cantidad de dinero alguna a cambio de modificar los expedientes, una labor que aseguró hacer de forma "altruista".

El concejal del grupo PSOE-Progresistas Juan Ortuño pidió ayer explicaciones al equipo de gobierno, del PP, por lo sucedido. "Salvando la profesionalidad de todos los trabajadores municipales, es necesario que se aclare cómo un ordenanza asimilado a auxiliar administrativo tiene acceso al procesador central y a datos tan importantes". Ortuño quiere que el PP explique qué piensa hacer y qué sistema de seguridad aplica para evitar que sucedan casos similares.

La Comisión de Gobierno decidirá esta semana si suspende de empleo y sueldo al detenido, tras conocer un informe del jefe de la policía local, que colaboró con la Policía Nacional en la investigación.