El Tribunal Supremo de Chile hará pública la semana que viene su decisión sobre Pinochet
El presidente de la Corte Suprema de Chile, Hernán Álvarez, confirmó ayer que el fallo sobre la inmunidad parlamentaria de Augusto Pinochet, que según todas las fuentes ha sido desaforado, se difundirá el próximo martes, aunque no descartó que pueda tardar más. El plazo que deja abierto el Tribunal Superior abre un espacio para las presiones, en el que los militares han advertido de que la pérdida de la inmunidad parlamentaria de Pinochet puede afectar al clima de confianza que se requiere para indagar antecedentes sobre los desaparecidos durante la dictadura.
Los comandantes en jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, generales Ricardo Izurieta y Patricio Ríos, coincidieron en que la recopilación de información sobre las víctimas de la dictadura requiere de un ambiente de "confianza". Izurieta dijo que "todo lo que no genera confianza y un ambiente adecuado para el compromiso que hemos adquirido (...) puede no ser favorable". Ríos admitió que el desafuero podría romper este clima necesario. Dirigentes políticos conservadores se sumaron ayer a esta tesis respaldando así la preocupación castrense, aunque el general Juan Carlos Salgado, representante del Ejército en la mesa de diálogo que llegó al acuerdo para la búsqueda de los detenidos desaparecidos, llamó ayer a una de las abogadas que participó en este foro para restar importancia a las palabras de Izurieta.
Después de que el Gobierno criticara el jueves todas aquellas declaraciones que generan una sensación de condicionamiento del fallo, ayer insistió, a través del propio presidente Ricardo Lagos en la misma idea: "El país está tranquilo y creo que estamos un ejemplo al mundo". Lagos insistió, además, en que las últimas declaraciones castrenses no afectan el acuerdo alcanzado en junio para la búsqueda de los cuerpos de las víctimas.
En La Moneda, sede de la presidencia, existe el convencimiento de que cuando se conozca oficialmente el desafuero habrá una reacción entre los militares, especialmente del Ejército, sobre todo de solidaridad con quien fuera su jefe, pero se espera que ésta se mantenga en los márgenes tolerables y que los militares informen previamente al Ejecutivo de sus acciones de apoyo a Pinochet.
Las presiones se concentran ahora sobre los 20 jueces del Supremo, pues según el presidente del alto tribunal, hasta que no se firme el fallo, éste no existe como tal y por lo tanto cualquier juez podría cambiar de opinión y alterar el sentido de su voto. La abogada querellante Carmen Hertz replicó calificando de "norma discutible" y poco seria la que permite que en un fallo de esta trascendencia un magistrado tenga la posibilidad de cambiar su voto, entre el que emitió en el acuerdo del pleno de la Corte Suprema y el texto entregado para la redacción final de la sentencia.
Ante la creciente presión para que los jueces den a conocer oficialmente el fallo lo antes posible, algunos de ellos explicaron la tardanza y procuraron disminuir la inquietud social. Álvarez dijo que la resolución ya está adoptada, aunque "existe una reserva" sobre ella. Uno de los jueces que, según lo que ha trascendido, votó a favor de levantar la inmunidad al general, José Benquis, afirmó que ninguno de los jueces ha cambiado su voto y negó la existencia de presiones, al menos en su caso. Otro magistrado, que habría votado por desaforar a Pinochet, Marcos Libedinsky, dijo que la redacción "demanda cierto tiempo" porque hay fundamentar los motivos.
El secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, se reunió ayer con dos de los abogados querellantes, Eduardo Contreras y Juan Bustos, y les ratificó que el fallo definitivo se dará conocer el martes.
En este clima de nerviosismo, una voz tan significativa como el ex presidente Patricio Aylwin, se alzó ayer para decir que se halla entre los partidarios del desafuero. Aylwin afirmó que existen "sospechas más que suficientes de alguna participación de quien gobernaba en el país [Pinochet] en los hechos que son objeto de este juicio" para la retirada de la inmunidad.
[El fiscal general del Estado español, Jesús Cardenal, dijo ayer que los fiscales españoles "están de enhorabuena" ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Chile retire la inmunidad a Pinochet, ya que esta decisión "nos daría la razón" sobre la competencia judicial a nivel estatal del posible procesamiento, informa Efe.]
