Denunciadas 105 residencias sociales o geriátricas durante 1999

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La Comunidad de Madrid recibió durante el año pasado 105 denuncias contra residencias sociales. La mayoría atendían a personas mayores (97 denuncias), seguidas de centros de minusválidos (5), de transeúntes, de mujeres y de otros colectivos (uno en cada caso). Con respecto a la titularidad, la mayoría de los centros son privados (97), mientras que ocho dependen de instituciones públicas. Siete residencias públicas de ancianos cerraron sus puertas en 1999 como consecuencia de las sanciones que les ha impuesto el Gobierno regional, según José María Alonso, viceconsejero de Servicios Sociales. Todas ellas fueron sancionadas con la suspensión de su actividad tras comprobar los inspectores de la Consejería diversas irregularidades. Tras conocer las sanciones, tomaron la decisión de cerrar. "Esto es una clara muestra de la eficacia que tienen las inspecciones en el terreno de la prevención", explicó ayer Alonso. A esos siete centros hay que sumar el cierre de la residencia La Virgen de la Oliva, de Aravaca, ordenado directamente por los servicios regionales tras comprobar las denuncias contra el centro por malos tratos a los ancianos.

En total fueron sancionados 60 de los 105 centros denunciados. La Comunidad recaudó por esas sanciones más de 60 millones de pesetas. La Consejería de Servicios Sociales se ha marcado como objetivo intensificar la inspección de las residencias de mayores y los centros de atención especializada a discapacitados para poner coto a las situaciones irregulares que puedan darse.

Los técnicos de la Consejería están preparando una normativa para mejorar la calidad de los centros asistenciales.

Entre las medidas previstas figura la creación de un carné específico que acreditará la capacitación de los responsables de las residencias. "Perseguimos que se tenga una formación específica para ser director de un centro. Será necesario tener el carné, y así, cuando sancionemos a una residencia, esa persona no podrá ir después a dirigir otro centro", explicó Alonso.Las 105 denuncias tramitadas durante el pasado ejercicio provenían en un 50,9% de los familiares de los internos. Los organismos oficiales descubrieron el 18,8% de los casos, un 4,8% fue denunciado por trabajadores de los centros y sólo en un 2,4% de los casos el firmante de la denuncia fue el propio usuario.

En cuanto a las causas de las denuncias, figuran las higiénico-sanitarias (18,8%), ilegalidades (14,4%), falta de atención (13,8%), existencia de personal no cualificado (10,1%) y malos tratos (8,1%).

El viceconsejero de Servicios Sociales, José María Alonso, señaló que a lo largo del pasado año se visitaron 551 centros, en los que se realizaron un total de 1.025 inspecciones.