Sindicatos y oposición, alarmados por los más de 50.000 inmigrantes excluidos de la regularización

Después de que la Administración, las fuerzas políticas y los agentes sociales destacasen el buen desarrollo del proceso extraordinario de regularización, la atención se centra ahora en todos aquellos inmigrantes, más de 50.000 según sindicatos y ONG, que permanecerán en la clandestinidad por no haber podido acogerse a este proceso, que comenzó el 21 de marzo y terminó el pasado 31 de julio. CC OO exigió ayer al Gobierno que aclare qué pasará con los extranjeros cuyas solicitudes de regularización sean denegadas y con los que no estaban en España antes del 1 de junio de 1999, fecha de corte impuesta por el procedimiento.

Los propios requisitos establecidos dentro del proceso extraordinario de regularización de extranjeros provocarán una nueva bolsa de inmigrantes clandestinos. De momento, el Gobierno ha hablado de unas 208.000 solicitudes presentadas en toda España y, aunque hoy se harán públicos los datos oficiales, Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y Murcia aparecen como las comunidades autónomas en las que se han presentado mayor número de solicitudes de regularización. El Ejecutivo calcula que se resolverán favorablemente unas 155.000, según afirmó el secretario de Estado para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda. Esto supondría que más de 50.000 personas permanecerían en España al margen de la legalidad, a las que habría que añadir todas aquellas que llegaron después del 1 de junio de 1999 y que, directamente, no pudieron acogerse al proceso. Sindicatos y oposición han manifestado su preocupación por este hecho y le han pedido al Gobierno que aclare qué medidas va a tomar en estos casos. Ayer, el asesor jurídico de CC OO, José Antonio Moreno, insistía en que en las cifras facilitadas por la delegación del Gobierno para la Extranjería, que desde el pasado viernes asumió todas las competencias en materia de inmigración, "no están todos los [inmigrantes] que son".

En este sentido, la responsable de Inmigración de UGT, Ana Corral, mostraba también ayer su preocupación e insistía en que si finalmente sale adelante la reforma de la actual Ley de Extranjería que pretende el Ejecutivo y que está previsto sea aprobada este próximo viernes en Consejo de Ministros, podría darse una situación "muy grave", ya que una de las modificaciones principales de ese texto legal convierte en motivo de expulsión el simple hecho de estar indocumentado en España. "Confío en que el Gobierno no opte por expulsar a todas la personas que no hayan podido regularizarse y busque otra solución", señaló Corral. A su juicio, una de las vías posibles es la de acceder a la regularización permanente para los extranjeros en régimen general. La actual normativa establece que los inmigrantes deben demostrar una permanencia en el país por un periodo mínimo de dos años y evidenciar que tienen medios de vida o una oferta de trabajo. Sin embargo, en la reforma del Gobierno se exigen cinco años de permanencia y ningún artículo se refiere a la validez de tener una oferta de empleo para regularizarse.

Por su parte, IU ha pedido al Ejecutivo que prorrogue el proceso de regularización. El portavoz adjunto de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, afirmó: "A los extranjeros que queden excluidos se les quiere dar un permiso de residencia corto hasta ver cómo queda la nueva ley, lo que es una malísima solución".

Desde la Ejecutiva del PSOE, su secretaria de Inmigración, Consuelo Rumí, emplazó al Gobierno a que posponga la aprobación del anteproyecto de la nueva ley y anunció que mañana jueves su partido presentará un documento con las líneas fundamentales que creen que debe contener la nueva legislación, cuyo cometido final es elaborar un plan integral que sirva de base para la creación de un "gran pacto de Estado" de inmigración.