Bruselas insta a España a modificar las tasas que pagan las aerolíneas
La Comisión Europea condenó ayer el régimen de tasas de aterrizaje aplicado en los aeropuertos españoles por estimar que favorece a Iberia, Binter Canaria y Spanair. El Gobierno dispondrá de dos meses para informar a Bruselas sobre los pasos a dar, a fin de evitar un recurso judicial. Además, Bruselas decidió denunciar a España por las restricciones que impone a la circulación de ciclomotores con remolque y advirtió contra las sanciones que aplica a fabricantes de productos de limpieza.
Respecto al problema aéreo, la Comisión considera que un régimen de descuentos y tasas de aterrizaje diferentes según el origen del vuelo, como el que establece un real decreto del Gobierno en vigor, favorece a las compañías aéreas nacionales. Para todas las categorías de aviones, el decreto prevé unas tasas más elevadas para los vuelos intracomunitarios que para los nacionales.Además fija unos descuentos que son más elevados cuanto mayor es el número de aterrizajes mensuales. Los descuentos oscilan entre el 9% y el 35%.
En la práctica, según Bruselas, este régimen favorece a las compañías nacionales, en especial a las aerolíneas Iberia, Binter Canaria y Spanair, que disfrutan de unos descuentos medios del 20%-25%.
El Ejecutivo comunitario sostiene que "no hay ninguna razón objetiva que justifique tal trato discriminatorio" y afirma haber dado "un plazo de dos meses al Gobierno para informar de las medidas que piensa adoptar para poner fin al régimen impugnado si no quiere que se recurra a la vía judicial".
Bruselas viene examinando las tasas de aterrizaje de todos los aeropuertos europeos desde el 28 de junio de 1995, fecha en que declaró contrario al derecho comunitario el régimen de descuentos aplicado en el principal aeropuerto de Bruselas. Casi todos los Estados miembros aceptaron la posición de la Comisión y modificaron sus regímenes de tasas.
Recientemente, Francia, Irlanda y Suecia acordaron introducir las medidas necesarias. El 10 de febrero del año pasado se adoptaron dos decisiones más dirigidas a Portugal y Finlandia. Mientras que las autoridades portuguesas decidieron recurrir ante el Tribunal de Justicia europeo, las finlandesas se comprometieron a cumplir la decisión antes de enero próximo.
Por otra parte, la Comisión decidió denunciar a España ante el tribunal europeo por estimar que la prohibición de circular con ciclomotores que arrastren un remolque es un obstáculo a la libre circulación de estos vehículos legalmente fabricados y/o comercializados en otros Estados.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario acordó enviar un dictamen motivado porque las autoridades españolas sancionan a empresas que comercializan limpiadores con lejía fabricados y comercializados en otros Estados miembros bajo esta designación.
