La sociedad que ejecutará el mapa escolar carece de modelo financiero

El Consell aprobó ayer la constitución de una nueva empresa pública de derecho privado. Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana asumirá la organización, contratación y gestión de las obras previstas para completar el mapa escolar en la Comunidad Valenciana. Las inversiones previstas para completar la red de colegios e institutos públicos ronda los 140.000 millones de pesetas, pero el Consell carece de un modelo financiero para afrontar semejante gasto.

El mapa escolar debería estar completado en el año 2003, según las previsiones establecidas por la LOGSE. El presupuesto de inversiones de la Consejería de Sanidad ronda los 14.000 millones anuales. Dadas las circunstancias, la nueva sociedad pública tendrá que endeudarse para afrontar los gastos previstos. Alicia de Miguel, portavoz del Consell, afirmó vagamente ayer que las obras serán financiadas a través de los presupuestos. Pero fuentes de la Generalitat admiten que es imposible afrontar las inversiones necesarias a partir de los presupuestos ordinarios.

El caso es similar al plan de inversiones en infraestructuras universitarias que aprobó el Consell durante la pasada legislatura para cubrir los 70.000 millones que costaban las obras previstas. José Manuel Uncio, director de Instituto Valenciano de Finanzas, ideó un sistema de financiación a 25 años vista que incluía la emisión de deuda por parte de las Universidades y que fue garantizada por la Generalitat.

El coste de el mapa escolar duplica las inversiones necesarias para dotar el plan de infraestructuras universitarias. Pero fuentes sindicales insinúan que Vicente Rambla, consejero de Hacienda, se ha desentendido del proyecto de empresa elaborado por José Luis Serna, director general de Régimen Económico de la Consejería de Educación, y autor de los estatutos de la sociedad.

Una posibilidad que mencionaban fuentes de la Generalitat cuando Manuel Tarancón, consejero de Educación, anunció la inminente creación de la sociedad Construcciones e Infraestructuras Educativas pasaba por negociar el conjunto de las adjudicaciones con dos o tres grandes constructoras, que pueden ejercer como sociedades financieras debido a sus volumenes habituales de negocio.

La creación de la sociedad supone el último recurso para intentar completar el mapa escolar en los plazos previstos. Hace dos años, el Consell modificó el objeto social del Instituto Valenciano de Vivienda, la sociedad pública destinada a cubrir las necesidades de la alojamiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, para que pudiera abordar también la construcción de colegios. El movimiento permitió inyectar 14.000 millones a las inversiones de la Consejería de Educación a través de la sociedad pública.

Pero los problemas administrativos surgidos entre los responsables de elaboración de los proyectos, adscritos a la consejería, y los técnicos vinculados a la empresa pública que efectivamente ejecutaban las obras con posterioridad, han aconsejado ceder a Tarancón toda la responsabilidad sobre el proceso.

Fuentes sindicales advierten sobre el secretismo que ha rodeado la elaboración de los estatutos de la nueva sociedad y sobre los posibles artificios a los que podría recurrir Educación en las adjudicaciones de las obras para servirse de hecho del denominado modelo de pago alemán, que consiste en pagar las obras cuando ya han sido ejecutadas pero cuya utilización ha sido restringida por los responsables del Ministerio de Hacienda.