Pastrana acusa al Gobierno central de incentivar "una nueva xenofobia"

Los secretarios regionales de UGT y CC OO, Manuel Pastrana y Julio Ruiz, respectivamente, arremetieron ayer con especial dureza contra el Gobierno central por su intención de reformar la actual Ley de Extranjería. Pastrana llegó a acusar al Ejecutivo de generar "una nueva corriente de xenofobia desde la institución pública". Ruiz, por su parte, animó a la Junta de Andalucía a lanzar un "mensaje de insumisión" contra aquellos aspectos de la norma que vulneren derechos fundamentales.

El secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, aseguró ayer que la modificación de la actual Ley de Extranjería esconde una norma "salvaje" para controlar la inmigración con "los mecanismos más zafios". Pastrana, que reprochó al Gobierno las inversiones multimillonarias que se están destinando a blindar el estrecho de Gibraltar de la entrada de magrebíes sin papeles, llegó a acusar al Ejecutivo que preside José María Aznar de generar "una nueva corriente de xenofobia desde la institución pública". El dirigente de UGT pidió una especie de Plan Marshall para desarrollar los países del Magreb. "Lo único que va a frenar la inmigración es invertir en desarrollo, que ayudaría a muchas personas a no tener que emigrar", dijo. Los planes de cooperación económica con los países del Tercer Mundo, en su opinión, serían más eficaces para rebajar los flujos migratorios que las inversiones multimillonarias en "barreras, alambradas o perros electrónicos".

Al igual que Pastrana, que advirtió de que su organización sindical no permitirá que un trabajador carezca de todos los derechos por una cuestión de nacionalidad, también el secretario regional de Comisiones Obreras, Julio Ruiz, incidió sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales a todas las personas, tengan o no papeles para residir legalmente en España. Ruiz invitó a la Junta de Andalucía a lanzar "el mensaje de la insumisión" contra la reforma por "reprimir derechos fundamentales, como los de asociación".

Los responsables andaluces de UGT y CC OO coincidieron con el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, en la necesidad de que los empresarios garanticen el alojamiento a los inmigrantes que contraten. "Si un francés da alojamiento a un andaluz cuando acude a la vendimia, nosotros también tendríamos que garantizarlo aquí", señaló el consejero.

Pérez Saldaña abogó por la elaboración de un pacto, que dé un carácter de política de Estado a los temas de inmigración. Una pieza clave de ese acuerdo, según el consejero, serían los empresarios. Su compromiso permitiría al Gobierno "garantizar la contingentación de cupos y podría haber ferries que trasladarían a los inmigrantes, al igual que hay trenes para la vendimia", dijo.

El titular de Asuntos Sociales firmó ayer sendos acuerdos con los sindicatos UGT y CC OO para mejorar las condiciones socioeconómicas de los mayores y de las personas con discapacidad. A través de los convenios, las centrales desarrollan servicios de información y asistencia con estos colectivos. La Junta destina a ambos proyectos alrededor de 62 millones de pesetas. El tercer acuerdo suscrito entre la Administración y los sindicatos prevé un servicio de información y asesoramiento a temporeros andaluces que se desplazan y a inmigrantes.

Por otra parte, ayer se constituyó la comisión interdepartamental de inmigración del Gobierno andaluz, un órgano en el que están representadas todas las consejerías con alguna competencia en la materia. Esta comisión, que se reunirá con un carácter periódico cada tres meses, abordará en primer lugar la elaboración de un programa específico para atender a las inmigrantes subsaharianas embarazadas que dan a luz en Andalucía. El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, explicó que los dos problemas más urgentes para la Junta relacionados con la inmigración obedecen a la llegada de menores y de subsaharianas embarazadas.