La dejación de Junta y ayuntamientos permite que 193.000 personas residan en urbanizaciones ilegales

Casi 200.000 personas viven, de forma estable o esporádica, en edificaciones enclavadas en urbanizaciones ilegales. La cifra, incluida en un informe especial de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, podría quedarse corta: no todos los 251 municipios consultados respondieron al cuestionario de la institución. Incluso con datos conservadores, los resultados del informe son alarmantes. El 58,5% de las urbanizaciones andaluzas son ilegales. La institución reprocha a las administraciones su "dejación de funciones" para controlar la ordenación del territorio.

Actuaciones fraudulentas

El defensor del Pueblo, José Chamizo, aclaró ayer que el informe especial se gestó debido a las reiteradas quejas tramitadas por la institución sobre problemas urbanísticos derivados de asentamientos ilegales. La mera existencia de tales urbanizaciones de una forma generalizada, según la Oficina del Defensor, contradice "toda idea de ordenación del territorio". Su proliferación obedece a la "dejación de funciones de control urbanístico", que ha posibilitado la prescripción, a los cuatro años, de las medidas disciplinarias que deberían haberse acometido, según la institución.Los datos incluidos en el informe se sustentan en un inventario elaborado en la década de los ochenta sobre urbanizaciones, confeccionado a partir de fotografías aéreas, un catálogo de 1990 sobre asentamientos ilegales y, finalmente, sobre la información aportada por 225 municipios andaluces al Defensor del Pueblo, que se dirigió a todas las poblaciones costeras y a las que superaban los 5.000 habitantes. No respondieron 26 municipios, entre ellos los de Marbella y Estepona, lo que podría explicar en cierta medida que la provincia de Málaga presente el panorama más halagüeño, con sólo un 15% de urbanizaciones ilegales.

Un porcentaje que dista mucho de las restantes provincias andaluzas. Sobresalen los casos de Córdoba, con un 73% de asentamientos irregulares, y Huelva, con un 64%. Almería, Sevilla y Cádiz tampoco se alejan mucho de estas cifras: las urbanizaciones ilegales en estas provincias representan más del 60%. Por municipios, la capital andaluza presenta el caso más llamativo: se han localizado núcleos ilegales en 42 localidades.

Unas 193.000 personas residen en estos asentamientos, de ellas, 128.151 lo hacen con carácter esporádico, lo que evidencia que el mayor índice de irregularidades se concentra en las segundas viviendas. En cualquier caso, desde la Oficina del Defensor se advierte de que la cifra aumentaría "si hubiéramos podido contar con todos los datos solicitados".

El estado de estas urbanizaciones entraña, según el informe, varios riesgos por las carencias de los núcleos. Según los datos recopilados por la institución, el 80% cuenta con "exiguas" redes de alcantarillado en un estado "regular o malo". Los vertidos se realizan en muchos casos en fosas sépticas o pozos negros sin control.

Unas 800 urbanizaciones carecen de alumbrado público. En las que existe, suele presentar deficiencias. La mayoría carece de suministro de agua potable y sólo el 25% de ellas tiene viarios pavimentados. Resulta, además, frecuente que las vías "ocupen bienes de dominio público, invadan vías pecuarias o discurran por otros caminos privados".El informe especial, presentado ayer por José Chamizo al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, indica que el resultado de muchos de estos procesos urbanísticos ha sido "la aparición de núcleos de infravivienda, absolutamente ajenas a las condiciones de dignidad y salubridad que la Constitución preconiza". De igual modo, hace hincapié en los impactos ambientales de estos núcleos en el entorno. Algunos se han edificado en parajes de alto valor ecológico, zonas inundables o de litoral.

Aunque en el documento se reconoce que en algunos casos el promotor incumple el diseño urbanístico acordado, en la mayoría de estas actuaciones "fraudulentas", el comprador "persigue pagar un precio menor por unos terrenos que no prevén instalaciones urbanizables".

El 79% de los municipios consultados por el Defensor del Pueblo cree que la única salida para las urbanizaciones ilegales reside en poner en marcha mecanismos de regularización. Desde la institución se plantean una serie de propuestas para adecuar a la legalidad los núcleos ya existentes y, por otro lado, impedir nuevos asentamientos. "Los poderes públicos tienen el deber inexcusable de tutelar el orden urbanístico", indica el documento.

Además de instar a las diferentes administraciones con competencias urbanísticas a extremar su colaboración, plantea la intervención de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en los casos de "falta de ejercicio o dejación" de los ayuntamientos. Proponen, además, que se obligue a los promotores a cumplir con las previsiones del planeamiento en el caso de urbanizaciones mal ejecutadas.