Vizcaya fracasa en sus pretensiones y acepta fijar en el 18% la retención de los fondos de inversión

La Diputación de Vizcaya aceptó ayer a regañadientes fijar en el 18% el tipo de retención aplicable a las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión o reembolso de acciones procedentes de los fondos de inversión. Su intención era rebajar dicho porcentaje hasta el 17%. El Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, en el que están representados el Gobierno y las diputaciones, adoptó ayer el acuerdo formal de rebajar en las tres provincias la tributación de las plusvalías del 20% actual al 18%, igual que marca la última reforma fiscal del Estado.

El representante vizcaíno defendió hasta el último momento el establecimiento de la retención en el 17%, pero tuvo que terminar comprometiéndose a asumir el criterio acordado por el resto de las instituciones en aras a mantener la armonización de las normas tributarias en las tres provincias vascas. Precisamente, éste es el fundamente del Órgano de Coordinación Tributaria: que ninguna diputación haga la guerra por su cuenta en materia fiscal. Al disponer de competencias en este campo, cada Ejecutivo foral podría establecer un régimen diferenciado.El último rifirrafe protagonizado por las diputaciones comenzó a finales de junio, cuando el Gobierno central introdujo en su decreto sobre medidas liberalizadoras algunas reformas importantes en el campo fiscal que, necesariamente, obligaban a las diputaciones a adoptar decisiones para no quedar descolgadas. Entre las disposiciones se encontraba la de rebajar la tributación de los incrementos patrimoniales del 20% al 18% y de dos años a uno el periodo necesario para aplicar este tipo reducido. Cuando parecía que las diputaciones habían consensuado una reforma similar, Vizcaya aprobó de manera sorpresiva una rebaja hasta el 17%. Mientras, Álava y Guipúzcoa dejaban las retenciones de las plusvalías de capital en el 18%.

La decepción y el malestar se mezclaron a partes iguales entre los representantes de las diputaciones alavesa y guipuzcoana, mientras que en el Gobierno vasco se observaba con estupor la maniobra vizcaína. El diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, negó que se hubiera producido un acuerdo entre las diputaciones para fijar el tipo en el 18% y justificó la conveniencia de situarlo en el 17% porque se equipara así con el gravamen mínimo de la escala del IRPF. El conflicto institucional estaba servido. De alguna forma, Vizcaya protestaba por la forma en que el Gobierno central había decidido su reforma fiscal, sin consultar antes de aprobarla con las diputaciones, que disponen de autonomía total en este campo.

La polémica ha quedado finalmente desactivada, para tranquilidad del Gobierno vasco, con el acuerdo refrendado ayer por el Órgano de Coordinación Tributaria, que ha tenido que emplearse a fondo dado que desde el pasado 4 de julio cada provincia tenía una diferente normativa fiscal en el IRPF. Así, mientras Guipúzcoa ha trasladado todas las modificaciones que aplicó la Administración central, tanto en incrementos patrimoniales como en deducciones por planes de pensiones, Vizcaya rebajó la retención de los fondos de inversión al 17% y Álava al 18%. A partir de ahora, "el tipo de retención será el mismo en los tres territorios históricos", expresó ayer de forma contundente el Órgano de Coordinación Tributaria a través de un comunicado.

Con el de ayer, Vizcaya suma su segundo revés fiscal en lo que va de mes. La pasada semana, derogó los principales incentivos fiscales cuestionados por el Gobierno central y la UE en lo que quiere ser un gesto conciliador hacia Bruselas. Las minivacaciones fiscales y la concesión de una deducción en el Impuesto de Sociedades equivalente al 45% de las inversiones que realicen las empresas habían generado un enconado enfrentamiento con el Gobierno central. Guipúzcoa y Álava ya derogaron normas similares a principios de año, tras la paz fiscal con Madrid. La impresión de que los incentivos vizcaínos iban a recibir un varapalo de la UE animó a retirarlos.