Cambio de papeles

Lo más significativo y novedoso de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a favor de que los fiscales sustituyan a los jueces en la instrucción de las causas penales es que la judicatura ha dejado de oponerse a una medida sospechosa de restarle poder. Ello hace verosímil que una vieja iniciativa de anteriores gobiernos socialistas, a la que se opusieron en su momento el propio Consejo y las asociaciones de jueces y fiscales, pueda llevarse a la práctica años más tarde. Con el beneplácito de los jueces, el Gobierno y las fuerzas políticas pueden encarar con sosiego una reforma que supondría un giro copernicano en el tradicional sistema procesal penal español. Y que, por ello, exigirá un periodo de reflexión sobre su viabilidad y consecuencias.La propuesta del CGPJ no plantea sólo un traspaso de funciones. Va más lejos. Implica modificar previamente algunos de los elementos más esenciales del actual edificio procesal español. En primer lugar, que los fiscales investiguen el delito, dejando a los jueces la estricta tarea de garantizar los derechos del justiciable y la limpieza de la investigación -juez de garantías-, implica enterrar el modelo de instrucción sumarial inquisitiva, anticipadora en muchos casos del fallo del juicio oral, y optar por la aceptación plena del proceso acusatorio, eminenentemente oral, como quiere la Constitución, que coloque directamente el hecho delictivo sobre la mesa del juzgador y posibilite la práctica de las pruebas en un plano de igualdad. De no ser así, se correría el riesgo de que la instrucción que haga el fiscal adolezca de todas las sospechas de parcialidad por ser parte en el proceso como defensor de la legalidad y del interés público. El Tribunal Constitucional daría el alto.

Pero, además del proceso, habría que cambiar no menos radicalmente el modelo de ministerio público. Y no sólo en lo referente al nombramiento del fiscal general del Estado, que al designarlo el Gobierno alimentaría sospechas de intromisión gubernamental en la investigación de determinados delitos. La tradicional estructura funcionarial y burocratizada del ministerio público tampoco es la más adecuada para asumir funciones que exigen más trabajo a pie de tribunal que de despacho. Antes habría que propiciar un cambio de mentalidad y de organización que adaptara el ministerio público a las funciones instructoras.

El CGPJ ha lanzado una propuesta que, como declaración de principios, está muy bien. Pero su realización exige un cuidadoso estudio de sus implicaciones, así como de sus posibilidades de éxito. No sea que, pensada para resolver los problemas de la justicia, termine por empeorarlos aún más a costa de los ciudadanos.