El Poder Judicial ordena de nuevo la destrucción del expediente de un homosexual

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de la judicatura, ha ratificado su decisión de ordenar la destrucción del expediente de peligrosidad social abierto por el régimen franquista a Antonio Ruiz, un homosexual encarcelado y fichado por las autoridades de la época por su opción sexual. El Poder Judicial ya se pronunció en ese sentido el pasado enero. Entonces, el pleno del organismo acordó la destrucción del expediente atendiendo el recurso de Ruiz, que ha solicitado reiteradamente por vía judicial la eliminación de la ficha abierta en 1976 por violar su intimidad. A partir de ese momento, la Comisión de Expurgo constituida en Valencia demoró la ejecución del mandato por dos razones: la posibilidad de que la medida fuera recurrida ante el Tribunal Supremo y la petición de un nuevo informe histórico que pudiera justificar la conservación del documento. El CGPJ, a petición del abogado de Ruiz, José Luis Tort, ha insistido en su razonamiento inicial. "El derecho fundamental a la intimidad del interesado" prima sobre el "interés histórico" del expediente.

Esta decisión culmina, esta vez si, la larga lucha judicial iniciada por Ruiz en 1998. Éste acudió entonces al juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia, Ernesto Alberola, para conseguir la eliminación del expediente, que registra sus datos personales por la "peligrosidad" que le confería su opción sexual. Ruiz llegó a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la decisión por la que su ficha, lejos de ser destruida, iba a ser remitida a los archivos de la Consejería de Cultura por su indudable valor histórico.

Los miembros de la Comisión de Expurgo -un grupo de trabajo compuesto por el juez de vigilancia penitenciaria, el decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, y una fiscal, Gema García- pretendían conservar el documento por su importancia, aunque siempre preservando la intimidad de Ruiz.

Ahora, una vez concluido el último informe histórico solicitado a un especialista, el CGPJ no ha variado su decisión anterior. El expediente almacenado en los archivos judiciales será destruido, no así los que dependan de otras instituciones -la policía o Instituciones Penitenciarias- al no ser éstos de la competencia del Poder Judicial.