El Supremo reconoce a un alumno la propiedad intelectual de un proyecto

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un alumno que demandó a la Universidad de Valencia para reclamar la propiedad intelectual de un trabajo. José Vicente Carbonell, que en 1994 era alumno de la Escuela Universitaria de Trabajadores Sociales demandó a la Universidad y a un profesor de dicha escuela, Jorge Garcés, por la apropiación de sus ideas en un proyecto cuyo objeto era el diagnóstico y propuestas relacionadas con las dificultades de acceso de los discapacitados a las distintas dependencias de la Universidad. Garcés figuraba como director del proyecto, que contaba con una subvención de la ONCE.

Indemnización

El Tribunal Supremo ha resuelto a favor de Carbonell, que cuenta en la actualidad con 32 años, tras dos sentencias contradictorias en torno al asunto dictadas en 1995 por la Audiencia de Valencia. El abogado del estudiante, Carlos Montouto, demandó a la Universidad y al profesor de la Escuela de Trabajadores Sociales Jorge Garcés por la apropiación de sus ideas en un proyecto denominado IACU, cuyo objeto era el diagnóstico y la propuesta de soluciones para resolver las dificultades de acceso de los discapacitados a las dependencias de la Universidad. Descontento con el desarrollo de proyecto, Carbonell había manifestado su protesta ante el director del mismo y ante la autoridad universitaria. Las discrepancias existentes se resolvieron finalmente con un expediente y la separación del estudiante del proyecto en marcha. Cuando el asunto llegó al juzgado de Primera Instancia de la Audiencia de Valencia, Carbonell tenía inscrito, a su nombre y como obra científica, el Proyecto IACU en el Registro de la Propiedad Intelectual, si bien el trabajo había sido concluido con la colaboración de otros estudiantes y publicado bajo la dirección de Garcés. La sentencia en primera instancia fue favorable al demandante, que reclamaba para sí la autoría individual del proyecto, si bien al año siguiente fue revocada por la Sección 9ª de la misma Audiencia ante la apelación de los demandados.

Carbonell elevó recurso de casación al Supremo, cuya Sala de lo Civil acaba de dictar sentencia aceptando "como propia sustancialmente la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, especialmente su fallo". Dicho fallo, además de declarar a Carbonell como "autor de la obra individual proyecto IACU", prohibía expresamente a los demandados "la utilización, reproducción, explotación, difusión y refundición" del proyecto y condenaba "solidariamente" a la Universidad de Valencia y al profesor Garcés a "que indemnicen al actor por daños morales en 5.000.000 pesetas". A esta cantidad habría que añadir "el interés legal incrementado en 2 puntos desde la fecha de la sentencia".El veredicto del alto tribunal entra de lleno en el debate sobre lo que es una obra individual o colectiva. En los fundamentos de derecho, la sentencia menciona un escrito de la Universidad de Valencia en el que se refiere al asunto en litigio como un trabajo que no nace "de la obligación entre la Universidad y un profesional titulado ajeno a la misma, sino que estamos ante un trabajo a realizar por un equipo de la Universidad, con la dirección de un profesor y que, precisamente, se concierta con las garantías que presenta la Universidad, siendo el actor un alumno del citado equipo".

Para el Supremo, nada de esto está reñido "con la autoría individual que se reclama de la obra registrada, pues para establecer el concepto de obra colectiva no valen conjeturas más o menos fundadas" y, en todo caso, dice en otro apartado, la dirección de Garcés "se ejercía en el plano teórico para dar importancia al trabajo que se estaba desarrollando". Asimismo, deja constancia de que el estudiante, "llegado el momento de la financiación, consigue la subvención de la ONCE para sufragar los gastos del trabajo" y de que "el proyecto IACU ya terminado está apoyado esencialmente (...) en el borrador del mismo elaborado por el Sr. Carbonell, con leves y pequeñas diferencias entre ambos".

José Vicente Carbonell, que tiene limitada la capacidad motora y de expresión a causa de una parálisis cerebral, "ha aplicado parcialmente y con éxito" su proyecto en cinco universidades, según pone de relieve su abogado, entre ellas la Autónoma de Madrid y la de Alcalá de Henares.