El billonario Plan Hidrológico Nacional del Gobierno no precisa su política de trasvases

El Gobierno puso por fin en marcha ayer oficialmente la discusión sobre el futuro Plan Hidrológico Nacional, uno de los retos pendientes de la vertebración del país, con la discusión en el Consejo de Ministros de un primer borrador de ese anteproyecto de ley. Aunque el texto evita detallar su política de trasvases de aguas entre cuencas, el asunto más polémico y conflictivo, sí cuantifica en tres billones el presupuesto para infraestructuras entre 2001 y 2008. El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, debatirá los trasvases con las comunidades afectadas en el Consejo Nacional del Agua el 5 de septiembre.

El Consejo de Ministros acordó ayer un plan de actuaciones para regular, en su calidad y cantidad en todas las cuencas, los recursos hídricos de España con un presupuesto de inversiones que supera los tres billones de pesetas (3.019.726.000.000) hasta el año 2008. Ese dinero se obtendrá en un 50% de los presupuestos estatales y fondos europeos; un 40% de capital privado y un 10% de otras administraciones locales.Este proyecto gubernamental consta de dos partes: por un lado, el desarrollo de una serie de obras y actuaciones medioambientales en cada cuenca; y, por otro, pone en marcha el proceso para aprobar, probablemente antes de fin de año, el tan demandado como esperado anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Una norma que ya intentaron impulsar sin éxito la anterior ministra, Isabel Tocino, quien llegó a reprochar en una reunión del PP a José María Aznar su paralización, y también José Borrell, en el Gobierno del PSOE en 1993. El anterior Plan Hidrológico Nacional, que se atribuye a Manuel Lorenzo Pardo, data del año 1933.

El Ejecutivo estudió ayer un informe sobre el futuro PHN del nuevo ministro de Medio Ambiente, el balear Jaume Matas, y decidió convocar para el 5 de septiembre al Consejo Nacional del Agua. Este órgano asesor, consultivo pero no vinculante, está compuesto por 91 personas representantes de todas las comunidades autónomas, de regantes y de usuarios, de las cuencas hidrográficas, los sindicatos, los empresarios y también del ámbito científico.

Compensaciones

Matas indicó que a partir de ahora espera que la discusión sobre el Plan, y particularmente sobre la política aún sin concretar de los más que seguros trasvases, así como de las posibles compensaciones económicas entre las cuencas excedentes de agua y las deficitarias, se plantee en ese foro del Consejo Nacional. Matas sostiene que enmarcar así el debate y proporcionar todos los datos rigurosos, del "trabajo de campo" realizado sobre la realidad de este recurso siempre escaso, es lo único que puede hacer por ahora el Gobierno.Matas se concedió ayer un plazo que podría alcanzar hasta finales de este año para ese intercambio de ideas y proyecta introducir el PHN en el Congreso para su tramitación parlamentaria, tras aprobarlo en otro Consejo de Ministros, en el primer periodo de sesiones del 2001.

El ministro de Medio Ambiente hizo a continuación un llamamiento al "sentido de la responsabilidad" de otros partidos, en alusión sobre todo al PSOE, para que no se use la demagogia ni el "partidismo" en un asunto que considera de Estado y para que los socialistas construyan sobre esta materia "un mismo discurso en toda España" como él entiende que tiene el PP.

El Plan Hidrológico Nacional es la única y más relevante pieza jurídica que queda por aprobar para completar la ordenación de las aguas en España. El Gobierno del PSOE ya adquirió el compromiso de aprobarlo en 1985 tras aprobar la vigente Ley de Aguas. En 1993, el ministro Borrell lo intentó y el Consejo Nacional de Aguas bloqueó su plan con una serie de recomendaciones, como la elaboración de esos programas por cuencas. El PP ya prometió este plan en la anterior legislatura y reiteró esa oferta en la campaña electoral de las últimas generales. En todos estos años se han completado los doce planes intercomunitarios y uno intracomunitario de las diversas cuencas hidrográficas, la reforma de la Ley de Aguas, el Plan Nacional de Regadíos y el Libro Blanco del Agua.

Ahora, superados ya los comicios con mayoría absoluta, el Gobierno del PP ha retomado este objetivo pendiente. Matas no quiso ayer entrar a comentar por qué Tocino no fue capaz de lograr este objetivo y ensalzó el trabajo de su equipo.

El ministro sí aprovechó para zarandear algo al plan de Borrell cuando aseguró que los hipotéticos trasvases que se añadirán a este proyecto actual, con nuevas inversiones si se llega a la conclusión de que hacen falta, serán muchos menos que los 10 que dibujó entonces aquel Gobierno socialista. "Las comparaciones son odiosas", objetó Matas, antes de adelantar que esos trasvases se contrastarán en el Consejo del Agua y podrían ser como máximo dos o tres.

Matas evitó ayer en todo momento dar pistas de cuantos, por dónde y hasta qué nivel podrían alcanzar esos presuntos trasvases entre comunidades necesitadas de aguas para sus regadíos y las que disfrutan de excedentes. Dijo que antes de ejecutar ningún trasvase sobre el "principio de la solidaridad" se pondrán en marcha en cada cuenca todas sus necesidades históricamente reclamadas para resolver sus diversos problemas internos.

El ministro sí quiso señalar, a cambio, que las dos comunidades mejor dotadas en el plan de inversiones eran precisamente Andalucía (682.455 millones) y Aragón (401.247 millones). Y precisó, en el caso del hipotético y polémico trasvase del Ebro hacia el Segura, que el programa de actuaciones del Gobierno había incluido íntegramente todo el Pacto del Agua aprobado en 1992 en las Cortes de Aragón.

Matas, tras desglosar el Plan por distintas líneas de actuación, con un 16% de la inversión total para obras de presas y embalses (diez nuevas) y un 84% para restauraciones ambientales, intentó presumir de que su filosofía se encamina hacia una "gestión moderna del agua".

El Ministerio de Medio Ambiente persigue ahora, según Matas, potenciar el ahorro de ese recurso. De hecho, según el Gobierno, de los tres billones de pesetas presupuestados en inversiones, un billón se destinará a modernizar la red de regadíos para fomentar un uso más racional del agua, particularmente en las cuencas del Guadalquivir y el Ebro.