El hospital de Alzira pide más dinero a sus accionistas para cubrir las pérdidas del año pasado
Los resultados cosechados en el primer año de vida del hospital de Alzira no han sido los previstos. Las tres cajas que participan como accionistas en la unión temporal de empresas (UTE) que controla este centro público de gestión privada han tenido que hacer frente a una provisión de fondos suplementaria. Tanto Bancaixa como la Caja de Ahorros del Meditérráneo (CAM) y Caixa Carlet han tenido que pagar 62 millones cada una para hacer frente a las deudas contraídas. Miembros de la UTE han solicitado en encuentros mantenidos con Sanidad un aumento de la suma que perciben de la Consejería.
La unión de empresas que controla el centro de La Ribera está participada mayoritariamente por la aseguradora privada Adeslas, que posee el 51% de las acciones. Bancaja, Caixa Carlet y la CAM controlan cada una un 15%, Dragados el 2% y Lubasa otro 2%. Ante los resultados económicos obtenidos en 1999, el primer año de funcionamiento del hospital, los accionistas pretenden introducir modificaciones en el sistema de financiación del centro, que se sustenta en las 34.000 pesetas que la Consejería de Sanidad paga por cada uno de los 230.000 habitantes de la comarca de La Ribera cuya cobertura sanitaria corre a cargo del hospital.El objetivo es aumentar el dinero percibido de Sanidad y tratar de equilibrar de esta forma el balance económico de la UTE, para lo cual las empresas han barajado dos medidas. Una de las propuestas consiste en aumentar las 34.000 pesetas por habitante. La otra contempla mantener la cifra pero aumentando la población atendida. El centro es el responsable de la prestación asistencial de 230.000 habitantes de los aproximadamente 270.000 que viven en la comarca de La Ribera. De forma que hay zonas que dependen del hospital de Xàtiva o incluso de La Fe de Valencia y se salen del paraguas asistencial del centro. El deseo de las empresas es asumir estas áreas y las 40.000 personas que viven en ellas, con el consiguienmte aumento de ingresos.
Estas dos propuestas han sido ya trasladadas a Sanidad, con quien la UTE tiene unas relaciones muy fluidas. Además del comisionado de la consejería que se encuentra en el centro, periódicamente existen reuniones bilaterales entre representantes del centro y el departamento que dirige Serafín Castellano. Fuentes consultadas apuntan que en varias de las reuniones mantenidas entre las dos partes se ha empezado a estudiar "la fórmula más ventajosa" que pudiera ofrecer un mayor colchón económico a la UTE.
La solución de aumentar los clientes que actualmente tiene el centro choca con el limitado número de camas del hospital, concebido originalmente para una población menor, según fuentes sanitarias. Aunque los quirófanos sí podrían absorber un incremento de actividad, las 229 camas del centro -una cada 1.029 habitantes, uno de los menores ratios de la Comunidad- se quedarían pequeñas. Las 34.000 pesetas por paciente ya fueron objeto de debate cuando se fijaron las condiciones de adjudicación de la gestión del hospital. En principio la gestión se fijó en 25 años, un tiempo que ofrecía garantía de amortización de la inversion inicial -10.000 millones de pesetas invertidos por la UTE-. Las presiones de Unión Valenciana, entonces en el Consell, redujeron el tiempo de concesión a 10 años, lo que endurece las condiciones de amortización.
El aumento de dinero está destinado a evitar que se mantengan las pérdidas del año pasado que han obligado al pago, al menos para las tres cajas, de 62 millones de pesetas cada una durante este año para cubrir desajustes presupuestarios de 1999.
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