La ecuación de la corrupción ANTÓN COSTAS

En los últimos días han vuelto a aparecer noticias diversas reclamando mayor transparencia en la vida pública. La OCDE advierte de que el exceso de burocracia y la falta de transparencia alientan la corrupción en España, a la vez que el Tribunal de Cuentas pide cambios en la financiación de los partidos. Los partidos políticos catalanes estudian, por su parte, firmar una especie de código ético sobre autolimitación y transparencia de los gastos electorales, así como dar publicidad a las aportaciones recibidas. Por último, para no cansarles, las empresas constructores pedían hace unos días que la concesión de obras públicas sea transparente.¿Por qué nos debe preocupar la transparencia? Porque el secretismo en la vida pública es una de las fuentes más importantes de corrupción. Hay una forma fácil e intuitiva para predecir el grado de corrupción en un país mediante la ecuación C=M+D-T. Esta ecuación nos dice que el nivel de corrupción (C) será tanto mayor cuanto más elevado sea el grado de monopolio (M) y el grado de discrecionalidad (D) que tienen las autoridades y los funcionarios a la hora de tomar decisiones. Y, por el contrario, la corrupción será tanto menor cuanto mayor sea el grado de transparencia (T) de la vida pública.

El grado de monopolio es aún muy elevado en nuestro país. No me refiero sólo a las grandes empresas de servicios públicos que actúan como monopolios legales, sino a todas aquellas actividades que aparentemente no son monopolios pero que actúan como tales: las funerarias, los registradores de la propiedad, la gasolineras, las empresas que realizan la inspección técnica de vehículos (ITV), las farmacias, las concesionarias de automóviles y otras muchas. Actuando en muchos casos en connivencia con las autoridades, esos monopolios de hecho fijan precios abusivos, limitan la competencia y las opciones de los consumidores, y reducen su bienestar. Lo mismo sucede con la discrecionalidad: ¿quién sabe por qué se concede o deniega una subvención, una beca o una ayuda pública?, ¿cuáles son las razones para autorizar una recalificación urbanística y negarla en otros casos? El secretismo y la discrecionalidad favorecen la corrupción.

La falta de transparencia es el tercer factor de la ecuación de la corrupción. En particular, la falta de transparencia de las cuentas de los partidos. La financiación oculta de los partidos es uno de los factores más importantes en el aumento de la oferta de corrupción. A todos los niveles: nacional, autonómico y, principalmente, local. ¿Cómo podemos acabar con esa práctica? Una solución aparentemente fácil es la crimininalización de las conductas corruptas. Es una solución fácil pero errada. Pretender acabar con la financiación ilegal de los partidos prohibiendo y penalizando las conductas corruptas es como querer acabar con la prostitución prohibiéndola.

La corrupción que se origina en la financiación ilegal sólo se acabará cuando se limiten los gastos y se aumenten los ingresos de los partidos. El coste público de la política democrática en España no es elevado. Pero después de dos décadas de fuerte incremento de los fondos públicos dedicados a la financiación de los partidos, no es posible pensar que sea por este lado por donde venga la solución. El camino es la financiación privada pero transparente.

España es el único país que prohíbe, de hecho, la financiación privada de los partidos mediante donaciones. En otros países, no sólo se admiten, sino que además se incentivan fiscalmente. Pero, a cambio, se las somete a un régimen de transparencia total. Esa práctica incentiva la corresponsabilidad de la sociedad en la vida y en el control de los partidos. Aquí, por el contrario, la desconfianza en la financiación privada aleja a los partidos de la sociedad y los arroja en las manos de la financiación privada no transparente y corrupta. No se trata, por tanto, de acusar y criminalizar a los políticos, sino de contribuir entre todos a cambiar el recelo que existe en nuestro país hacia la financiación privada y transparente de los partidos. Sólo de esta forma podremos consolidar un modelo mixto de financiación pública y privada de los partidos, homologable al existente en el resto de los países europeos.