Los Quince aprueban que la separación de cuentas por servicios públicos se extienda a todos los sectores

La Comisión Europea aprobó ayer una propuesta de modificación de directiva para regular los sistemas de separación de cuentas en las empresas proveedoras de servicios públicos. La nueva norma se extenderá a cualquier empresa -lo mismo pública que privada- que reciba ayudas directas o en forma de contratos especiales por la prestación de servicios públicos y al mismo tiempo ejerza actividades comerciales convencionales.El objetivo de la modificación, que entrará en vigor antes de que acabe el año, es doble. Por un lado, evaluar mejor el suministro de servicios públicos y su coste, para calibrar así si las ayudas recibidas se ajustan al esfuerzo realizado, y por otro, controlar mejor el posible trasvase de esas ayudas en el interior de las empresas para evitar que acaben financiando actividades sujetas a la libre competencia.

La legislación será de aplicación en todos los sectores económicos salvo en aquéllos que, como telecomunicaciones y transportes ferroviarios, disponen ya de una normativa específica en la materia. Por ejemplo, las empresas ferroviarias que gestionan la infraestructura y que suministran servicios de transporte ya aplican determinadas normas de doble contabilidad para evitar que se transfieran ayudas desde una actividad a otra.

La separación de cuentas tiene particular importancia también en el transporte marítimo y por carretera, el suministro de electricidad, la distribución de gas, la asistencia en escala en los aeropuertos o los servicios postales. La Comisión confirmó que la directiva será de aplicación a las televisiones públicas que suministran tanto servicios de interés público como programación convencional.Ése es el caso de las televisiones públicas de España, Francia e Italia, aunque éstas se niegan a aplicar la doble contabilidad salvo en productos derivados de las nuevas tecnologías, como la televisión digital.

La norma que propone Bruselas no afecta al fondo político de esa polémica porque se limita a especificar las modalidades técnicas y contables que la Comisión Europea considera que deben tenerse en cuenta en la doble contabilidad, sin perjuicio de la interpretación que se haga sobre el término de servicio público en el ámbito de la televisión.