Los alcaldes del PSOE defenderán ante el Constitucional sus competencias sobre suelo

La reacción del PSOE ante el real decreto-ley sobre liberalización de suelo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio no se ha hecho esperar. Ayer los alcaldes socialistas de municipios de más de 50.000 habitantes se reunieron en la sede del partido en Madrid con el fin de tomar iniciativas para combatir la propuesta del Gobierno, "que pretende arrebatar la autonomía de los ayuntamientos en la planificación urbanística". Si el Ejecutivo no modifica su propuesta en el trámite parlamentario de septiembre, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La principal variación con respecto a la anterior normativa, según explicó ayer el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, "es que se suprime el párrafo, que se incluyó en la última ley de 1998 gracias a una enmienda de CiU, que decía que los ayuntamientos podrían determinar qué suelos eran inadecuados para el desarrollo urbano".Con las modificaciones aprobadas ahora por el Ejecutivo, serán los propietarios del suelo los que decidan qué hacen con ellos, "siempre guiados por sus propios intereses y no por las necesidades y los intereses de la ciudad", argumentaba Sánchez Monteseirín. Aunque el decreto ya ha entrado en vigor, el Congreso aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la posibilidad de cambiarlo.

Para el alcalde de Sevilla, el problema no termina ahí. "Volvemos a los años 60, cuando no había planes de urbanismo, y los propietarios construían lo que querían y como querían. Luego le tocó y le tocará a los ayuntamientos, si esto sigue así, acondicionar las zonas, alumbrarlas, crear una red de tranporte que las comunique, etcétera. Y todo ello se hará con dinero público".

En este mismo sentido, los alcaldes socialistas consideraron ayer que el argumento que ha esgrimido el Gobierno para llevar a cabo estas medidas -"aumentar la oferta de suelo para evitar las rigideces del mercado"- no se sostiene "y lo demuestra la experiencia anterior". Según explicó Jesús Caldera, portavoz socialista en la Comisión de Infraestructuras del Congreso, "los precios de la vivienda suben anualmente un 13%, seis veces más que los salarios, lo que demuestra un constante encarecimiento y no un abaratamiento de los precios como pretende el Gobierno".

Ahora, el primer paso de los alcaldes socialistas será intentar que el Gobierno modifique su propuesta durante el trámite parlamentario de septiembre. De no ser así, presentarán un recurso de ante el Tribunal Constitucional, que deberá ser apoyado por al menos 1.160 ayuntamientos, según lo establecido por dicho tribunal.

Además, "partiendo de que las dificultades de los ciudadanos para adquirir una vivenda son cada vez mayores", los socialistas proponen que se reserve suelo para todas las viviendas de protección pública -"debería extenderse a toda España la ley que rige en Euskadi, que obliga a que el 60% del suelo se destine a viviendas de protección", explicaron-; que se modifique el criterio de valoración del suelo -ahora se hace sobre su precio futuro-; que se cree una red de agentes públicos, expertos en urbanización, que gestionen con calidad y fiabilidad; y que se rebaje el IVA de las viviendas de protección pública del 7% al 4%.

Los alcaldes afirmaron también que recurrirían también ante el Constitucional la ley de liberalización de centros comerciales que, a su juicio, sólo favorece a las grandes superficies en detrimento de los pequeños comerciantes.