La historia y la docencia

El debate que se ha abierto con el informe de la Real Academia de la Historia sobre la enseñanza de esta asignatura adolece aún, a pesar del tiempo transcurrido, de elementos consustanciales al mismo, concretamente de su inevitable circunstancia docente. Estas significativas ausencias y nuestra convicción, por lo demás bastante común, de que, tanto en lo manifestado en este informe como también en los medios de comunicación, se ha desenfocado el objeto del debate y se han dado interpretaciones políticamente interesadas, lejos de cualquier pretendida objetividad, nos han animado a terciar con algunas de esas referencias no visibles.En primer lugar, lo más obvio: los libros de Historia usados como libros de texto en los centros educativos son la obra intelectual de un especialista o grupo de especialistas, bien se trate de catedráticos, doctores o licenciados en la materia. Por tanto, no se puede imputar, ni siquiera insinuar, la autoría de estos textos a ningún gobierno, administración o grupo político, por la sencilla razón de que los materiales curriculares ni son oficiales, si acaso deben estar homologados como explicaremos más adelante, ni, por tanto, son prescriptivos. En consecuencia, cualquier polémica de carácter historiográfico, incluidas las graves imputaciones de manipulación o tergiversación de los hechos históricos, se ha de situar entre especialistas. Por otra parte, las polémicas historiográficas son tan antiguas como la misma reconocida o proscrita libertad de pensamiento y, en este caso, son la expresión de la libertad de cátedra que reconoce la Constitución española en su artículo 27. Además, este tipo de polémicas están presentes en muchos lugares del mundo y lo han estado a lo largo del tiempo: flamencos y valones en Bélgica, francófilos y anglófilos en Canadá, por no extendernos en las teorías del profesor Ubieto con las que se alimentó el blaverismo en su versión más ilustrada. Por lo expuesto hasta aquí, nos parece que las razones del presidente de la Academia, o de la propia institución, no son más que sus propias razones entre otras muchas.

Los libros de texto son autorizados u homologados, en la mayoría de comunidades autónomas con competencias educativas desde su origen, mediante una normativa ad hoc que fundamentalmente exige que el proyecto editorial -que después será el libro de texto- se adecue a lo pactado entre el Estado y las comunidades autónomas sobre los contenidos que se deben aprender en cada etapa educativa (el llamado diseño curricular). Igualmente, se exige que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales y que se incluyan referencias al entorno natural, cultural, y sociopolítico más inmediato al alumnado, esto último indicado de forma genérica, sin detalle ni porcentaje (en este sentido, es excepcional la actuación de la Administración valenciana, cuyo celo por hacer desaparecer la referencia a la denominación estatutaria de País Valenciano o por disimular la catalanidad de nuestra lengua la llevó a emitir una circular ex profeso, aún vigente, y a condicionar de forma tenaz las propuestas editoriales). Sin embargo, en Andalucía y en aquellos territorios que administraba hasta hace escasamente un año el Ministerio de Educación, ni siquiera existe esta autorización previa de los libros de texto ya que tanto el MEC como el Gobierno andaluz optaron por eliminar cualquier obstáculo administrativo que pudiera llegar a cercenar la libertad de cátedra de los autores y la autonomía de los centros educativos para elegir los libros que mejor se adapten a su proyecto educativo, facultad ésta establecida en la LOGSE. Del conocimiento de esta normativa tampoco se puede colegir -salvo la cercana excepción citada- el intervencionismo ideológico de ningún poder político establecido.

Además, en todas las comunidades autónomas se venden libros de editoriales radicadas dentro y fuera del propio territorio, con sede en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Picanya. Hay, por tanto, libertad de mercado de la misma manera que hay libertad de creación y de pensamiento, y, finalmente, libertad para que los centros elijan los libros que más les gusten.

Finalmente, respecto a la presencia de la Historia en los planes de estudio, se observa que a partir del tercer curso de la ESO, incluyendo el Bachillerato, las horas dedicadas suman una menos que las previstas en los planes a extinguir de BUP y COU, y eso a lo largo de cuatro cursos en ambos casos. Sin embargo, cabe decir que el sistema actual, en cuanto que prolonga la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, puede llegar a más alumnado que con el plan antiguo. No se puede decir, por tanto, que haya una pérdida considerable del tiempo dedicado a la Historia, sino más bien, en el peor de los casos, mínima.

En conclusión: el resultado del ejercicio de todas las facultades y libertades referidas es, a nuestro juicio, tan democráticamente inapelable como se pretenda que lo sean las mayorías políticas que nos gobiernan. Por supuesto, siempre cabe decir lo que se piense acerca de lo que aquel o aquellos autores afirmen en sus libros, o de su modelo didáctico, pero la cosa no da para mucho más. Menos aún para la satanización de todo un corpus ideológico, como desvergonzadamente se ha hecho con el ("otro") nacionalismo. Por tanto, cualquier medida que se pretenda decidir como resultado de esta polémica -aunque tanto por el fondo como por la forma dudamos de que se pretenda hacer nada constructivo- ha de ser escrupulosamente respetuosa con todo este entramado de competencias y libertades democráticas.

También cabe, como hemos expuesto, avanzar en la desaparición de los límites a la libertad de cátedra y a la autonomía de los centros. Incluso sería saludable dudar más del papel que ejercen los libros de texto sobre todo ello, aunque por razones contrarias a las que se dejan entrever en la actuación de la Real Academia de la Historia: existe la alternativa de investigar por cuenta propia, de asumir plenamente la responsabilidad docente, aunque nos aleje de lo política y académicamente correcto.

Vicent Esteve es maestro de Enseñanza Primaria y sindicalista del STEPV.