El Gobierno andaluz reclama un pacto estatal para aplicar la ley del Menor

El Gobierno andaluz es partidario de la creación de una mesa de negociación, en la que estén representados el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, para buscar una fórmula que garantice que la asunción de competencias en materia de menores vaya acompañada de medios materiales y humanos adecuados, afirmó el portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, quien apuntó: "Si no hay medios suficientes para garantizar la tutela efectiva de los menores, se podría incurrir en una violación de la Constitución".Camacho aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno que antes de que la Ley del Menor entre en vigor, el próximo mes de enero, habría que negociar las competencias de las comunidades para la creación de nuevos centros de menores con el "traspaso oportuno de medios materiales y humanos".

El portavoz aseguró que no hay ninguna decisión adoptada en torno a recurrir la citada norma estatal. En el mismo sentido, la Junta de Andalucía tiene "en estudio" la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros relativo a la ley del Suelo, el cual suprime las competencias municipales a la hora de decidir qué terrenos son no urbanizables. "No hay ninguna decisión adoptada", dijo el portavoz, quien aseguró que la Junta "está legitimada" para presentar una demanda sobre este decreto ante el Constitucional.

El viernes pasado, la ejecutiva regional del PSOE anunció una próxima reunión de sus alcaldes para estudias "medidas jurídicas y políticas" contra el decreto referido al suelo.

El portavoz tampoco quiso significarse acerca del proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) para la construcción de un complejo hotelero y campos de golf en zona protegida. "El Gobierno no tiene que tomar ninguna decisión y sólo lo hará cuando los proyectos" recalen en alguna de las consejerías afectadas como Medio Ambiente y Obras Públicas.

El Consejo de Gobierno aprobó dos decretos por el que se aprueba la construcción de 58 centros docentes y se regula la adscripción de maestros a los puestos de educación de adultos.