Un juicio contra la pobreza

El próximo jueves, día 13, van a ser juzgadas seis personas en el Palacio de Justicia de Barakaldo. Este juicio es por la acción desarrollada por el colectivo Berri Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social) el pasado 14 de abril. Ese día, una veintena de personas se concentraron en el despacho del alcalde de Barakaldo, Carlos Pera y cuatro de ellas se encadenaron al mobiliario del mismo. Este acto transcurrió de forma totalmente pacífica. Los participantes permanecieron concentrados durante 30 minutos, hasta que la Policía Municipal procedió al corte de las cadenas y desalojo del área de Alcaldía.La acción por la cual serán juzgadas estas seis personas se enmarcaba dentro de las movilizaciones desarrolladas por esta plataforma a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril. En ellas se denunciaba el recorte de las ayudas sociales llevado a cabo por el Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por el PSE-EE. Este recorte motivó que varias familias de Barakaldo fueran desalojadas de los pisos donde residían por su imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler, debido a la situación de desempleo y falta de recursos económicos que sufrían.

Así, tres de las personas que van a ser juzgadas se encontraban en esas fechas viviendo en condiciones infrahumanas. Piedad Rodriguez y sus dos hijas menores de edad vivían en una lonja prestada, sin agua, luz, ni sanitario. Edurne Lanoba y Miguel Ángel Asenjo vivían en un coche. Por lo tanto, vemos que el Ayuntamiento, lejos de velar por los intereses y derechos de los ciudadanos de Barakaldo sin recursos, se dedica a criminalizar y perseguir con saña a las personas empobrecidas que deciden salir de su aislamiento para hacer frente a las causas que provocan tanta desesperación.

Pensamos que, en lugar de su actual política de recortes de ayudas sociales y represión de las demandas de las personas en paro, el Ayuntamiento de Barakaldo debería apostar por una verdadera política de calado social. Y desde luego esto no pasa, como se denunciaba en la acción del pasado 14 de abril, por el incremento, en un millón de pesetas, de los ya de por si desorbitados sueldos de responsables políticos del Ayuntamiento.

Así, los sueldos de veintitrés políticos (alcalde, concejales delegados de área, cargos de confianza y concejales liberados) cuestan a las arcas municipales 182 millones de pesetas, frente a los 55 millones de pesetas que se destinan a repartir entre las más de 12.000 personas que en Barakaldo se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Contra la pobreza, reparto de riqueza.- Laura Vilariño. Barakaldo.