El Gobierno recuerda a Pujol que fijar el cupo de inmigrantes es de su competencia exclusiva

El Gobierno está dispuesto a escuchar la opinión de las comunidades autónomas antes de fijar el contingente anual de trabajadores extranjeros, pero reservándose la decisión definitiva. Los vicepresidentes Mariano Rajoy y Rodrigo Rato y el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, acogieron ayer con recelo la propuesta del presidente catalán, Jordi Pujol, de que las autonomías intervengan en la determinación del cupo de inmigrantes. Por el contrario, el PNV, Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego se sumaron a la idea.

Respaldo de Chaves

Fernández-Miranda, quien participó en El Escorial (Madrid) en los cursos de verano de la Universidad Complutense, consideró "deseable" que las comunidades autónomas aporten todos los datos que tengan sobre sus necesidades de mano de obra extranjera y aseguró que el Gobierno estará "encantado" de recibir propuestas no sólo sobre la cuantía del cupo, sino también sobre su perfil profesional, lugar de trabajo o condiciones de alojamiento, ya que se pretende contratar a los inmigrantes en sus países de origen.No obstante, subrayó que la determinación del contingente anual de mano de obra extranjera es "competencia exclusiva del Estado" y agregó que el Consejo Superior de Inmigración, que CiU considera insuficiente, es el "foro adecuado" para debatir estos asuntos con autonomías y ayuntamientos.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, indicó en Almería que estas cuestiones no pueden plantearse "en función de necesidades o intereses, sino que el planteamiento correcto está en estudiar a cuántas personas se puede dar acogida". El criterio de las autonomías debe ser escuchado, agregó, "como el de los empresarios o las ONG".

En la misma línea, el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, dijo en Guadalajara que, aunque "es imprescindible la colaboración entre administraciones", no está seguro de que "crear compartimentos sea la mejor solución".

La posición del Gobierno obtuvo el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien dijo que la decisión sobre el cupo "tiene que ser del Estado" para "preservar la unidad del mercado laboral". Tras reunirse con el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, Chaves se mostró partidario de que el Gobierno consulte con las comunidades pero, agregó, "que cada una decida cuántos trabajadores [acoge], con qué cualificación y de qué procedencia no es una manera razonable de resolver el problema".El presidente valenciano, Eduardo Zaplana, del PP, rechazó que se abra un "debate territorial" sobre la Ley de Extranjería. "No tendría sentido que cada comunidad tuviera que proponer, en lo que tiene que ser el marco legal, cuál es su posición concreta", declaró en Valencia, tras reunirse con el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada.

Por el contrario, Margarita Uria, portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, calificó de "acertada" la propuesta del Grupo catalán, ya que las comunidades autónomas tienen transferidas buena parte de las competencias que afectan a la integración social de los inmigrantes. "Nos parece perfecto y lo hemos defendido siempre", declaró a Servimedia. También el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, respaldó la iniciativa de Pujol, que calificó de "razonable, positiva y de sentido común". Tras preguntarse quién conoce mejor sus necesidades que las propias comunidades autónomas, aseguró que se trata de "una buena aportación".

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Francisco Rodríguez, aplaudió igualmente la iniciativa del Grupo Catalán.

La mayoría de las organizaciones sociales de apoyo a los inmigrantes recibieron de modo favorable, aunque con matices, la demanda de CiU. El presidente del Foro de la Inmigración, Juan Díez Nicolás, calificó la idea de "sensata", siempre que se mantenga el carácter estatal de la política de extranjería, advirtió. En la misma línea se pronunciaron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), UGT o Cruz Roja.