El PSOE pedirá en el Congreso la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería

"Inconstitucional", "absurdo", "innecesario". Son algunos de los adjetivos utilizados por los partidos de la oposición, ONG y el sindicato CC OO para calificar el proyecto de reforma de la actual Ley de Extranjería, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. La mayoría lamenta la rapidez con que se pretende modificar una ley aprobada el pasado diciembre en las Cortes. El PSOE ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto, que Diego López Garrido, portavoz socialista de la Comisión Constitucional, ha calificado de "carne de cañón del Tribunal Constitucional".

"Queremos que sepan [el Partido Popular] que nunca consensuaremos ese texto". Estas eran ayer las palabras de Delia Blanco, portavoz en materia de inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, que acusó al PP de estar obsesionado "por el orden"."Es evidente que este Gobierno no está buscando el consenso que tantas veces ha anunciado", dijo Blanco y añadió que, de ser aprobada, la nueva ley -a la que Pimentel, ex ministro de Trabajo y responsable de su impulsión en la pasada legislatura, siempre se ha mostrado contrario- "convertirá a España en un paraíso para las mafias y un infierno para los inmigrantes".

López Garrido consideró el proyecto "innecesario" y "contrario a los intereses de España", que necesita decenas de miles de inmigrantes como fuerza de trabajo. Además, añadió que se debería de haber dado "una oportunidad a la ley actual" y no hacer "una reforma absurda", que "duplicará el precio de los viajes en patera".

José María Mendiluce, eurodiputado socialista, abogó por elaborar un Pacto de Estado sobre inmigración que incluya a todas las fuerzas políticas, como se hizo en la pasada legislatura, propuesta a la que se unió el candidato a la secretaría general del PSOE, Rodríguez Zapatero.

José Bono, presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la Secretaría General del PSOE, calificó la actitud del Gobierno central de "soberbia incontenida".

Por su parte, el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Francisco Frutos, dijo que la reforma supone un "retroceso" y calificó la actitud del Gobierno y de la UE de "vergonzosa" por no plantear un programa de desarrollo para África.

Jose Luis Sánchez, secretario confederal de Política Institucional de CC OO, pidió al Gobierno que "deje de hacer demagogia" y le recordó que la inmigración es un problema muy grave sobre el que no se pueden generar estereotipos ni mensajes alarmistas".

Por otro lado, numerosas asociaciones se sumaron a la oleada de críticas. SOS Racismo declaró ayer que la reforma aumentará la diferencia entre los derechos de inmigrantes legales e ilegales y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) mostró su preocupación ya que el texto no incluye medidas serias para combatir a las mafias que trafican con ilegales. APDH (Asociación Pro Derechos Humanos) denunció que la reforma "se carga los avances y en algunos casos se sitúa al nivel de la ley de 1985".

Jose Luis Sánchez, secretario confederal de Política Institucional de CCOO, dijo que entre la restricción de los derechos y la integración de los inmigrantes, "nuestra opción es la segunda".

Diego Jordano, ex diputado del PP y ponente de la actual Ley de Extranjería en el Congreso, dijo que la reforma es "innecesaria e injustificada" y que las razones expuestas por el PP para abordarla "no parecen suficientes".