Hacienda prepara modificaciones en la ley para simplificar el IVA

El Ministerio de Hacienda aprovechará el proceso de reforma del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se ha abierto en la Unión Europea para elaborar una ley española más sencilla. El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, explicó ayer que el primer objetivo de la nueva ley es resolver los problemas de "complejidad" que presenta la legislación actual.Giménez-Reyna anunció ayer este proyecto, junto a otros de su departamento, durante la clausura del curso que sobre La política fiscal del futuro se ha desarrollado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Según el secretario de Estado, la reforma del IVA se llevará a cabo en todos los países de la UE, aunque no existe un calendario. Se abordarán asuntos como el diseño de una factura armonizada para operaciones transfronterizas o la posibilidad de que el IVA grave en destino y no en origen.

De forma más inmediata, Hacienda prepara la reforma de la Ley General Tributaria, ya que la actual data del año 1963 y en muchos aspectos "ha quedado superada", según Giménez-Reyna. Lo primero, explicó, es "adecuarla" mejor a la Constitución, en todo lo referido al derecho a la intimidad y eliminar la referencia que, por ejemplo, la actual ley hace a la "licencia marital". Se trata también de sistematizar en un solo texto legal las normas que ahora están dispersas, incluir el Estatuto del Contribuyente, adecuarlo a la Ley de Procedimiento Administrativo y permitir mejores instrumentos para la lucha contra el fraude fiscal.

Para el 1 de enero de 2002 tiene que entrar en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica con la idea de que las comunidades reciban menos fondos a través de las transferencias del Estado y más de los impuestos que recauden directamente, de forma que sean "corresponsables tanto en los ingresos como en los gastos", explicó. También se abordará la reforma de la financiación local, entre otros aspectos, para que la eliminación del impuesto de actividades económicas para el 90% de las pequeñas y medianas empresas, "no tenga consecuencias traumáticas" para los ayuntamientos.